Consejo de Estado suspende decreto de salario mínimo de Petro en nueva confrontación
El Consejo de Estado ha vuelto a poner freno a una decisión del gobierno del presidente Gustavo Petro, al suspender de manera provisional el decreto 1469 de 2025, con el cual se fijó el salario mínimo en 2 millones de pesos. Esta medida, anunciada por el magistrado Juan Camilo Morales Trujillo de la Sección Segunda, se produce mientras el alto tribunal analiza las demandas que buscan tumbar el decreto, ordenando al mandatario emitir uno nuevo que considere todas las variables económicas y se ajuste a la ley.
Una relación compleja entre el Ejecutivo y la rama judicial
Esta suspensión no es un hecho aislado, sino que se suma a una serie de desencuentros entre el gobierno Petro y las altas cortes. Desde el inicio de esta administración, el Consejo de Estado ha tumbado decretos y ordenado rectificaciones en pronunciamientos públicos del presidente, marcando una tensión constante. En julio de 2025, por ejemplo, el entonces ministro de Justicia Eduardo Montealegre firmó un decreto que transfería la competencia de estudiar tutelas contra el presidente de los jueces del circuito al Consejo de Estado, una medida que juristas criticaron por agravar la ya complicada relación.
Decisiones clave que han golpeado al gobierno
Entre las resoluciones más significativas del Consejo de Estado contra el gobierno Petro se destacan:
- Regulación de servicios públicos: En marzo de 2023, el tribunal suspendió un decreto que daba al presidente competencias para regular agua, energía y gas, argumentando que violaba la ley al omitir la publicación del borrador por 15 días y usurpar funciones de comisiones regulatorias.
- Consejos de ministros televisados: En abril de 2025, tras una demanda ciudadana, el Consejo de Estado prohibió la transmisión semanal de estos consejos en canales privados, protegiendo el derecho a la información y criticando la imposición de una fuente oficial única.
- Consulta popular: En junio de 2025, la Sección Quinta suspendió un decreto que convocaba a consulta popular para destrabar reformas laboral y de salud, al considerar que se pasó por encima de la ley al no contar con el concepto previo del Senado.
- Órdenes de rectificación: En múltiples ocasiones, el alto tribunal ha obligado al presidente Petro a retractarse públicamente, como en noviembre de 2025 por señalamientos infundados contra un personero, y en septiembre por calificar de "criminal" al presidente de Keralty.
Tensión extendida a otras cortes
La confrontación no se limita al Consejo de Estado. La Corte Constitucional, por ejemplo, suspendió en enero de 2026 el decreto de emergencia económica del gobierno, destinado a llenar el vacío dejado por el hundimiento de la reforma tributaria. Esta decisión generó críticas del Ejecutivo, que acusó a la Corte de poner en riesgo el pago de la deuda nacional y proteger a los más ricos.
Estos episodios reflejan una dinámica de poderes donde la rama judicial actúa como contrapeso a las acciones del gobierno, generando un escenario de fricción institucional que continúa definiendo el panorama político colombiano.
