Las contradicciones del Gobierno Petro frente al paro por el impuesto predial
Mientras bloqueos campesinos se extienden por varios departamentos en protesta por aumentos del impuesto predial que podrían superar el 1.100% en algunos casos, el presidente Gustavo Petro ha optado por una estrategia de confrontación que revela profundas contradicciones en su discurso y acciones de gobierno.
La amenaza presidencial contra autoridades territoriales
Desde Ipiales, Nariño, el mandatario lanzó una advertencia contundente: "Si hay que llevar presos a los alcaldes, los hacemos llevar", afirmando que el procurador podría suspenderlos de inmediato. Esta postura contrasta radicalmente con su histórica defensa de autoridades elegidas por voto popular, que incluso llevó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a fallar a su favor cuando fue destituido como alcalde de Bogotá en 2013.
Petro insistió en trasladar la responsabilidad a las autoridades locales: "La solución del avalúo catastral no está en la nación sino en los municipios", tuiteó el presidente, acusando además al uribismo de estar detrás de la organización del paro.
El origen real: artículo 49 del Plan Nacional de Desarrollo
Sin embargo, la Federación Colombiana de Municipios señaló que los alcaldes actúan en cumplimiento del artículo 49 de la Ley 2294 de 2023, aprobada como parte del Plan Nacional de Desarrollo del propio gobierno de Petro. Esta norma ordenó una actualización catastral masiva en 520 municipios priorizados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac).
El gobierno reconoció desde el inicio que este proceso podía generar incrementos significativos del predial, pues el avalúo catastral es la base del cálculo del impuesto. Se planteó la necesidad de establecer topes que amortiguaran el impacto, pero esos límites nunca se materializaron en una nueva ley.
Promesas incumplidas y mecanismos expirados
El abogado y representante electo Daniel Briceño (Centro Democrático) fue contundente: "El señor Gustavo Petro le está mintiendo a la gente, diciendo que eso es culpa de los alcaldes, cuando de verdad es responsabilidad del señor Gustavo Petro".
Durante el gobierno de Iván Duque se implementó un mecanismo temporal que limitaba el crecimiento del impuesto predial, pero esa medida tenía vigencia definida y ya expiró. El resultado es que la actualización catastral avanzó sin un esquema efectivo de contención, generando aumentos considerables en varias regiones del país.
Rechazo institucional a las amenazas presidenciales
La Federación Nacional de Departamentos (FND) precisó que cualquier afirmación sobre la facultad de ordenar la salida inmediata de alcaldes carece de sustento jurídico. "La permanencia de los alcaldes está sujeta exclusivamente a los procedimientos y autoridades definidos por la ley", indicó la entidad.
Por su parte, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) hizo un llamado respetuoso pero firme al presidente: "Las diferencias institucionales deben tramitarse por las vías constitucionales y legales", recordando que tratándose de funcionarios elegidos por voto popular, la imposición definitiva de sanciones exige intervención judicial.
Una crisis con múltiples responsables
La situación revela un complejo entramado de responsabilidades:
- El gobierno nacional que diseñó e implementó la actualización catastral masiva
- La falta de mecanismos de contención para los aumentos del predial
- Las autoridades territoriales que deben aplicar las tarifas dentro del marco legal
- Las comunidades afectadas por incrementos que en algunos casos superan el 1.100%
Mientras las protestas continúan y el presidente insiste en su línea confrontacional, la solución parece requerir un abordaje más complejo que simples amenazas a autoridades locales, reconociendo las múltiples dimensiones de una crisis que tiene su origen en decisiones del propio gobierno nacional.
