Contraloría expresa preocupaciones sobre cambio en financiación de vivienda social
La Contraloría General de la República realizó una mesa técnica de seguimiento al proyecto de decreto del gobierno nacional que modificaría sustancialmente la forma en que se establecen los precios de las viviendas de interés social (VIS) y de interés prioritario (VIP) en Colombia.
Cambio fundamental en la indexación de precios
La iniciativa, presentada a mediados de enero de 2026, busca que la indexación de precios de vivienda social ya no se realice en salarios mínimos mensuales, sino directamente en pesos colombianos. Este cambio se propone en un contexto donde el salario mínimo para 2026 se estableció en aproximadamente 2 millones de pesos.
Entre las modificaciones contempladas en el proyecto se encuentra la intención de ajustar el tope máximo de la VIS a 135 salarios mínimos mensuales, lo que para el presente año equivaldría a unos 236 millones de pesos. Con esta medida, se eliminaría el tope excepcional de 150 salarios mínimos (equivalente a 262 millones de pesos) que actualmente rige para Bogotá y 48 municipios del país.
Análisis técnico con múltiples entidades
La Contraloría lideró un encuentro con representantes del Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Comercio y la Superintendencia de Industria y Comercio para verificar los alcances del proyecto de decreto antes de su implementación. El análisis incluyó:
- La política pública de vivienda social en Colombia
- El contexto económico actual tras el incremento del salario mínimo
- El impacto potencial en compradores y sector constructor
- La viabilidad de nuevos proyectos inmobiliarios
Según cifras presentadas durante la mesa técnica, más de 100.000 viviendas de interés social se comercializan anualmente en el país, representando más de la mitad del mercado de vivienda nueva.
Preocupaciones sobre transición y claridad regulatoria
Desde la Contraloría se manifestaron preocupaciones persistentes respecto a los proyectos y negocios que ya fueron estructurados bajo el esquema actual, es decir, con precios fijados en salarios mínimos. El organismo de control señaló que aún no existe una ruta clara por parte del Gobierno Nacional para manejar estos casos de transición.
El decreto también establece que el precio de la VIS deberá fijarse en pesos colombianos desde el momento de la separación o promesa de compraventa, eliminando la posibilidad de indexar su precio al salario mínimo vigente a la fecha de escrituración.
Posiciones divergentes sobre el impacto
Mientras el Ministerio de Vivienda asegura que el decreto no constituye un control de precios, el presidente de Camacol, Guillermo Herrera, afirmó que el Gobierno Nacional está tratando de imponer "un control de precios a la vivienda en Colombia". Herrera argumentó que esta medida se implementa "de manera ilegal e improvisada" para justificar el impacto inflacionario del ajuste del salario mínimo.
La Contraloría anunció que continuará realizando seguimiento periódico al desarrollo del proyecto de decreto, destacando su impacto directo en la población colombiana y la necesidad de mayor claridad en la implementación de estos cambios estructurales en el mercado de vivienda social.
