La Corte Suprema de EE.UU. frena aranceles de Trump y reafirma separación de poderes
Mientras la democracia liberal y las libertades individuales enfrentan desafíos significativos en gran parte del hemisferio occidental, incluyendo su cuna en Estados Unidos, la reciente decisión de la Corte Suprema norteamericana ha encendido una luz de esperanza institucional. El fallo que invalidó los aranceles unilaterales impuestos por el expresidente Donald Trump mediante decreto ejecutivo representa un contundente respaldo a la separación de poderes y los sistemas de frenos y contrapesos que caracterizan a las democracias saludables.
Un precedente crucial para la democracia
Como señaló acertadamente un destacado constitucionalista latino en Estados Unidos, "la Corte le quitó la vestimenta imperial a la hegemonía del emperador". Esta decisión judicial establece un precedente fundamental al limitar el poder ejecutivo cuando intenta sobrepasar sus atribuciones constitucionales, especialmente en materias de política comercial internacional que afectan las relaciones con otras naciones.
El caso específico involucró los aranceles impuestos por Trump a países que no simpatizaban con su administración, una medida tomada sin consulta previa con el Congreso y mediante mecanismos ejecutivos que la Corte consideró excedían la autoridad presidencial. Este fallo reafirma que, incluso en tiempos de creciente autoritarismo global, las instituciones democráticas pueden funcionar como barreras efectivas contra el poder personalista.
Paralelos preocupantes en la región
La situación descrita en Estados Unidos encuentra ecos preocupantes en varios países latinoamericanos, donde florecen sistemas de gobierno autocráticos, personalistas y populistas. El análisis del experto Carlos Gustavo Cano señala patrones similares en Venezuela, donde el desdén por las libertades democráticas ha sido intercambiado por el control sobre recursos petroleros, manteniendo intacto un aparato represivo que lleva más de un cuarto de siglo en el poder.
En Colombia, según Cano, se observan tendencias preocupantes donde el jefe de Estado insulta a congresistas que resisten iniciativas legislativas consideradas caprichosas, para luego imponer medidas similares mediante decretos ejecutivos. Además, se señala una tendencia a culpar a la Junta Directiva del Banco de la República por problemas económicos, evadiendo responsabilidades en el manejo de las finanzas públicas y el endeudamiento estatal.
La importancia de las instituciones fuertes
Afortunadamente, Colombia aún cuenta con una sólida institucionalidad que funciona según el espíritu constitucional. La Corte Constitucional se mantiene como fiel guardiana del ordenamiento jurídico, mientras que la autoridad monetaria preserva su independencia como protectora de la estabilidad económica. Estas instituciones representan barreras cruciales contra tendencias autoritarias.
El sistema de salud que venía funcionando adecuadamente, la Registraduría Nacional del Estado Civil, la educación superior no estatal y los empresarios de todos los tamaños que desarrollan actividades legítimas y productivas han enfrentado ataques que amenazan el equilibrio democrático. Sin embargo, la fortaleza institucional colombiana ha demostrado capacidad de resistencia.
Un llamado a la vigilancia democrática
La experiencia norteamericana reciente demuestra que las democracias requieren vigilancia constante y mecanismos institucionales robustos. La separación de poderes funciona como equivalente a las auditorías en el mundo empresarial, permitiendo controles cruzados que previenen abusos de autoridad.
"A la democracia hay que regresarla a la cima, y a la autocracia regresarla a la sima", concluye Cano en su análisis. La decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos representa no solo un triunfo para el sistema de frenos y contrapesos en ese país, sino también un recordatorio para todas las democracias de la importancia de mantener instituciones independientes y fuertes.
En un contexto global donde los valores democráticos enfrentan desafíos sin precedentes, este fallo judicial emerge como un faro de esperanza que demuestra que, incluso en tiempos difíciles, los sistemas institucionales diseñados por las democracias maduras pueden resistir presiones autoritarias y preservar los principios fundamentales de gobierno limitado y separación de poderes.
