Última oportunidad para las curules de paz en Colombia
Este 8 de marzo se realizará la votación final de las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales para la Paz, conocidas popularmente como curules de paz, en los 168 municipios más afectados históricamente por el conflicto armado colombiano. Este proceso electoral marca el cierre de un mecanismo establecido en el Acuerdo de Paz de 2016, diseñado específicamente para garantizar la participación política de las víctimas en el Congreso de la República.
Un camino lleno de obstáculos desde su creación
La implementación de estas curules especiales no ha sido sencilla. Aunque fueron pactadas hace ocho años, requirieron cinco años adicionales para materializarse en las elecciones de 2022. Su llegada al Capitolio Nacional se vio marcada por múltiples desafíos estructurales, incluyendo la falta de financiación adecuada, escasa pedagogía estatal sobre su funcionamiento, y diferencias significativas en la experiencia política entre los representantes electos.
Según el balance legislativo realizado por la Fundación Ideas para la Paz (FIP) sobre los primeros tres años de funcionamiento, la idea de una "bancada de paz" cohesionada nunca llegó a consolidarse completamente. Irina Cuesta, coordinadora de proyectos e investigaciones de la FIP, explica que "desde su diseño, las Citrep no estaban pensadas para funcionar como una bancada tradicional. Ellos no llegan asociados a una colectividad política, sino como representantes de sus territorios".
Perfiles diversos y resultados dispares
La composición de los representantes ha sido extraordinariamente variada. Entre los 16 ocupantes de estas curules se han encontrado líderes campesinos, indígenas, jóvenes activistas, presidentes de Juntas de Acción Comunal, familiares de políticos tradicionales e incluso parientes de antiguos actores del conflicto, como el hijo del exjefe paramilitar Jorge 40. Esta diversidad, aunque valiosa en representatividad, ha dificultado la acción coordinada.
El informe de la FIP revela disparidades significativas en la productividad legislativa: mientras algunos representantes presentaron 235 proposiciones durante las dos legislaturas estudiadas, otros apenas alcanzaron cinco iniciativas. Estas diferencias se explican parcialmente por las comisiones asignadas, siendo las comisiones primera (paz) y tercera (plan de desarrollo y presupuesto) las que concentraron mayor actividad propositiva.
Logros concretos en medio de dificultades
A pesar de los desafíos, las curules de paz han obtenido avances legislativos concretos alineados con el Acuerdo de Paz:
- Inclusión de las víctimas en el Plan Nacional de Desarrollo y Plan Plurianual de Inversiones
- Aprobación de la Comisión Legal de Paz y Posconflicto
- Ampliación del plazo para declaraciones de víctimas ante el Ministerio Público
- Reconocimiento constitucional del campesinado como sujeto político de derechos
- Extensión por diez años de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)
"No se puede decir que no hubo agenda", afirma Cuesta. "Realmente se trabajaron intereses estratégicos y control político, que son de los más relevantes que puede ejercer un congresista".
Desafíos persistentes y brechas por cerrar
Uno de los problemas estructurales identificados es la dificultad para mantener la construcción de paz como eje central de la actividad legislativa. Aunque los 16 representantes forman parte de la Comisión de Paz de la Cámara, solo en seis casos al menos la mitad de su producción legislativa se centró en temas de paz. Esta tendencia disminuyó del 43% en 2022-2023 al 32% en la legislatura siguiente.
La investigadora de la FIP señala que "esto es un congresista que igual tiene que responder a su rol como representante de la Cámara en debates y que tiene que ver también con otros temas", lo que ha limitado la prioridad dada a la agenda de paz.
La desconexión con los territorios
Uno de los mayores desafíos ha sido la brecha persistente entre los representantes y los territorios que deberían servir. La percepción desde las comunidades, según Cuesta, es que "escogieron un representante más. Es decir, una persona a la que se le da un apoyo, pero con quien no necesariamente se sostiene la comunicación".
El informe identifica "una brecha importante de comunicación y de incidencia territorial" que se fue ampliando con el tiempo, a pesar de que muchos representantes venían con la intención explícita de promover agendas locales.
Casos que deslegitiman la confianza
La situación se complica con investigaciones judiciales que afectan a algunos representantes, como el caso de Karen Manrique, elegida en 2022 por Arauca y actualmente bajo escrutinio de la Corte Suprema de Justicia por su posible vinculación al escándalo de la UNGRD.
"Casos como los de Arauca suman esas alertas que hay sobre diferentes regiones", comenta Cuesta, señalando que "las estructuras maquinarias políticas clientelares en muchos territorios ya comprenden cómo manejar las curules de paz con fines electorales".
Luis Fernando Trejos, profesor de la Universidad del Norte, es más crítico: "Las curules de paz se volvieron una oportunidad barata para que grupos armados y grupos políticos regionales tengan representación en el Congreso. Para ellos, es la oportunidad de tener un Representante a la Cámara a mitad de precio".
La prueba definitiva
La elección del 8 de marzo representa la última oportunidad para demostrar que las comunidades más golpeadas por el conflicto pueden tener una voz auténtica en el Capitolio Nacional, libre de intereses espurios de maquinarias políticas. Este ciclo electoral enfrenta el reto pendiente de acercar realmente el Congreso a los problemas de los territorios más afectados, una deuda histórica que Colombia mantiene con sus víctimas.
La experiencia de estos tres años sugiere que, más allá de la elección de representantes, se requiere fortalecer las capacidades de control político desde los territorios y establecer mecanismos más sólidos de rendición de cuentas que vayan más allá de la comunicación a través de redes sociales o grupos de WhatsApp.
