David Racero enfrenta proceso penal por presunta concusión en caso Fruver
El presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, del Pacto Histórico, fue formalmente citado a indagatoria por la Corte Suprema de Justicia para el próximo lunes 9 de marzo a las 8:30 a.m. El proceso judicial se desarrolla como parte de la investigación abierta en agosto del año pasado por el delito de concusión.
Los cargos y las pruebas en su contra
El despacho del magistrado César Reyes lleva el caso, que tiene su origen en la filtración de conversaciones entre Racero y su conductor, quien formaba parte de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL), financiada con recursos públicos. En los chats y audios revelados, el congresista da órdenes relacionadas con su negocio familiar, específicamente un fruver ubicado en el barrio Modelia de Bogotá, funciones ajenas a las para las que fue designado por el Congreso.
En una nota de voz enviada por WhatsApp y divulgada por el periodista Daniel Coronel, se escucha a Racero decir: "¡Eh, Leonardo! No le entregue, porfa, la plata a don Nelson. Yo ya le entregué una que tenía aquí en el carro. Entregue 1 millón para la compra de mañana...", refiriéndose aparentemente a operaciones del fruver familiar.
Además, se investiga la presunta solicitud de parte del salario de sus subalternos, práctica conocida coloquialmente como "tajada".
Posibles sanciones penales
De ser hallado culpable, David Racero se enfrenta a penas de prisión entre 8 y 15 años por el delito de concusión, con el agravante de su condición de funcionario público. El penalista Francisco Bernate explicó que, según la Ley 890 de 2004, el servidor público que abuse de su cargo para obtener beneficios indebidos puede recibir:
- Prisión de 96 a 180 meses
- Multa de 66.66 a 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes
- Inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 80 a 144 meses
Decisión favorable del Consejo de Estado
En paralelo al proceso penal, el representante enfrentaba una demanda de pérdida de investidura ante el Consejo de Estado, que fue resuelta el 18 de febrero a su favor. El alto tribunal desestimó el testimonio de Jhon Leonardo García, conductor de Racero, quien según los audios filtrados recibía órdenes sobre tareas relacionadas con el fruver "La Cosecha del Campo".
El Consejo de Estado determinó que "las capturas de pantalla que se adjuntaron con las demandas... no fueron obtenidas directamente de la aplicación de mensajería electrónica 'WhatsApp' instalada en el celular desde el cual se originaron o al que iban dirigidos los mensajes, sino que corresponden a las publicadas por medios de comunicación". Por lo tanto, consideró que estas pruebas no resultan suficientes para demostrar la existencia y veracidad de los hechos descritos.
Impacto en la agenda legislativa
Como consecuencia de esta situación judicial, el presidente de la Cámara suspendió el trámite de las reformas legislativas que estaban en curso, generando incertidumbre sobre el avance de la agenda parlamentaria. Este caso se suma a otros procesos de investigación contra funcionarios públicos por presuntas irregularidades en el uso de recursos y aprovechamiento de cargos.
La citación a indagatoria marca un punto crucial en la investigación, donde Racero deberá responder formalmente ante la Corte Suprema sobre los cargos de concusión, mientras mantiene temporalmente su curul gracias a la decisión del Consejo de Estado, aunque el proceso penal continúa su curso con posibles graves consecuencias penales.
