Decisiones controvertidas marcan las últimas semanas del gobierno Petro
En el ocaso de su mandato, el presidente Gustavo Petro ha adoptado una serie de determinaciones que diversos analistas califican como las más autoritarias de su administración. Esta situación genera preocupación institucional y evidencia, según expertos, una escasa tolerancia hacia los mecanismos de control democrático que caracterizan a un Estado de derecho.
La polémica liquidación de EPS intervenidas
Hace aproximadamente dos semanas, el mandatario anunció su intención de liquidar las EPS intervenidas que no presenten una situación financiera sólida. Esta medida resulta particularmente alarmante porque podría desencadenar un terremoto institucional en un sector que ya atraviesa una crisis profunda, agravada por la incapacidad gubernamental para administrar adecuadamente las aseguradoras con deudas históricas hacia clínicas, hospitales y gestores farmacéuticos.
La decisión se produce después de que un tribunal judicial revocara la orden presidencial de trasladar afiliados entre diferentes EPS. Aunque este traslado no se ha materializado, fuentes cercanas al proceso indican que la directriz del presidente resulta ineludible. En el caso específico de la Nueva EPS, la situación es aún más compleja: existen más de 10 millones de cuentas sin auditar y una deuda acumulada que supera los 23 billones de pesos, circunstancias que, desde perspectivas técnicas y jurídicas, imposibilitan legalmente que esta entidad reciba nuevos afiliados.
Armamento militar y contradicciones presidenciales
Las decisiones recientes incluyen también la aprobación de un Conpes de 13 billones de pesos destinado a la adquisición de armamento militar, una iniciativa que no había sido planteada durante los años anteriores de la administración. Esta medida se anunció después de que Petro criticara al gobierno anterior por aceptar la donación de un avión estadounidense que, según expertos de la Fuerza Aérea Colombiana, representa un activo de alto valor operativo.
El presidente omitió información crucial: la aeronave cuenta con 40 años de vida útil restante, aproximadamente 20.000 horas de vuelo disponibles, y recibió un mantenimiento integral entre 2021 y 2023 con una inversión superior a los tres millones de dólares. Para analistas políticos, esta omisión deliberada constituye una manifestación más del autoritarismo creciente en las decisiones del ejecutivo.
Imposición tributaria y ruptura con el Banco de la República
Esta semana, las empresas colombianas enfrentaron el pago del impuesto al patrimonio, decretado unilateralmente por el gobierno sin la aprobación del Congreso de la República. Esta acción contraviene el artículo 150 de la Constitución Nacional, que establece claramente que los tributos deben ser debatidos, aprobados y reglamentados por el poder legislativo. El gobierno sobrepasó los controles institucionales después de que su reforma tributaria fuera rechazada por el Congreso, una práctica que expertos en derecho constitucional asocian con gobiernos de tendencia autoritaria.
Paralelamente, se produjo la ruptura institucional con el Banco de la República. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, anunció el retiro de la junta directiva del banco central después de que el presidente mostrara su desacuerdo con las proyecciones técnicas sobre el aumento de tasas de interés para proteger la economía nacional. Esta decisión evidencia, según economistas consultados, un desprecio por los análisis técnicos y jurídicos que deben fundamentar las políticas económicas de Estado.
Un patrón preocupante en contexto electoral
Todas estas decisiones se producen en medio de la campaña electoral para elegir al sucesor de Petro, generando interrogantes sobre la intencionalidad política detrás de estas medidas. Analistas políticos advierten que algunos sectores continúan sin comprender la gravedad de estas acciones, creyendo erróneamente que pueden enfrentarse con radicalismo y falta de experiencia técnica, lo que constituiría un error estratégico de dimensiones considerables para la estabilidad institucional del país.
El conjunto de estas decisiones presidenciales revela un patrón conductual preocupante: aversión a los controles institucionales, desprecio por las explicaciones técnicas, y una clara preferencia por la concentración de poder en detrimento de los contrapesos democráticos que caracterizan a las sociedades pluralistas y respetuosas del Estado de derecho.
