Gobierno utiliza emergencia económica para implementar medidas fiscales controvertidas
Esta semana, el Gobierno Nacional ha publicado una serie de decretos que han despertado profundas preocupaciones en diversos sectores económicos y políticos del país. Estas normas, expedidas bajo la sombrilla de la emergencia económica declarada para atender la ola invernal en Córdoba y otros siete departamentos, parecen ir más allá de la simple atención a la tragedia climática.
Medidas tributarias bajo estado de excepción
Uno de los decretos más polémicos es el 0173, que establece un impuesto al patrimonio temporal para empresas con patrimonios líquidos superiores a 10.500 millones de pesos. Esta medida, que podría recaudar hasta 13 billones de pesos, ha sido criticada por establecer tasas discriminatorias contra los sectores financiero y minero-energético.
Además, el Decreto 0177 impone una sobretasa del 2 por ciento a las ventas brutas de energía de 16 termoeléctricas y 35 hidroeléctricas durante seis meses. Estas cargas adicionales llegan en un momento en que estos sectores enfrentan constantes amenazas a su estabilidad financiera y regulatoria.
Preocupaciones sobre expropiaciones y contratación directa
Los decretos 0174 y 0175 también han generado alertas significativas. La primera norma otorga a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) instrumentos para reubicar unidades de producción agropecuaria, pero su texto podría convertir a esta entidad en una especie de "policía administrativa" con capacidad para realizar expropiaciones exprés.
Por su parte, el Decreto 0175 autoriza al Gobierno Nacional para desplegar "contratación directa" sin límites y saltándose la ley de garantías. Esta disposición es particularmente preocupante en plena temporada electoral, especialmente considerando que el aparato de gestión de desastres ha sido foco de escándalos de corrupción en la actual administración.
Polémico traslado de ahorros pensionales
El afán por obtener recursos frescos se extendió esta semana al frente pensional. Un proyecto de decreto del Ministerio del Trabajo ordena a los fondos privados de pensiones transferir, en un plazo de apenas quince días, los ahorros de más de 119.000 colombianos a Colpensiones. Esta medida implicaría el movimiento de aproximadamente 25 billones de pesos a las arcas públicas.
Este "traslado exprés" desata múltiples dudas:
- La reforma pensional establece que el dinero ahorrado debe ser administrado por el fondo privado hasta cumplir los requisitos de jubilación
- El gobierno pretende modificar una ley mediante un decreto de inferior jerarquía
- El plazo perentorio forzaría la venta desfavorable de inversiones
- Existe el riesgo de que estos recursos se utilicen para gasto público en época electoral
Contexto fiscal y preocupaciones generales
Todas estas medidas se enmarcan en una búsqueda desesperada de recursos por parte del Gobierno para financiar su creciente gasto público, en medio de una grave crisis fiscal y en la recta final que coincide con la campaña electoral. La intensidad de las precipitaciones invernales, aunque justifica la declaratoria del estado de excepción, está siendo utilizada para imponer lo que algunos sectores denominan una "reforma tributaria por la puerta de atrás".
Las sobrecargas a instituciones financieras, mineras, petroleras y energéticas podrían conducir a una menor competitividad, menos solidez operativa y riesgos de sostenibilidad para estos sectores que son pilares del desarrollo económico nacional.
La situación es particularmente delicada porque, como se advirtió durante los debates parlamentarios de la reforma pensional, existe el peligro real de que se utilicen los recursos destinados a la jubilación futura de los colombianos para gasto público inmediato. El "blindaje" que se prometió oficialmente para proteger estos ahorros no parece estar cumpliéndose en la práctica.
