Delcy Rodríguez enfrenta plazo constitucional para su interinato en Venezuela
La vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez se encuentra ante un crucial vencimiento de plazo para prorrogar su interinato presidencial, tras tres meses sin que Nicolás Maduro ejerza funciones como presidente tras su captura por Estados Unidos. La Constitución venezolana establece mecanismos claros que podrían obligar a la convocatoria de elecciones, pero las instituciones controladas por el chavismo mantienen silencio sobre el tema.
El reloj constitucional corre contra el interinato
Según el artículo 234 de la Carta Magna venezolana, cuando ocurre una falta temporal del presidente, el vicepresidente ejecutivo puede asumir el poder por 90 días prorrogables por otros 90, con un máximo de 180 días. El pasado 3 de abril se cumplió el primer período de 90 días, lo que activa mecanismos constitucionales que la Asamblea Nacional podría utilizar para declarar la falta absoluta del mandatario.
La ONG Provea ha sido enfática en señalar que "el reloj constitucional corre" y que Venezuela tiene derecho a elecciones democráticas. En un comunicado, la organización detalló: "Hace 3 meses el Tribunal Supremo de Justicia designó a Delcy Rodríguez como presidenta encargada tras la captura de Maduro, calificando la situación como ausencia forzosa, un término que no existe en la Constitución".
La posición del Tribunal Supremo de Justicia
El máximo tribunal venezolano optó en enero por no declarar la ausencia absoluta de Maduro y, a pesar de las exigencias constitucionales, no se ha pronunciado en lo que va de abril sobre la prórroga del interinato. Esta postura ha generado críticas de organizaciones de derechos humanos y expertos constitucionalistas.
El Centro de Justicia y Paz (Cepaz) advirtió que la situación actual representa una erosión del Estado de derecho que va más allá de una simple vacante presidencial. Según esta organización, se trata de la degradación de la Constitución como límite real al ejercicio del poder, operando bajo lo que denominan "normalización de la excepcionalidad".
El respaldo internacional de Donald Trump
Mientras la crisis institucional se profundiza en Venezuela, desde Estados Unidos, el presidente Donald Trump ha legitimado a Delcy Rodríguez mediante el reconocimiento de su gobierno, flexibilizando sanciones petroleras y restableciendo relaciones diplomáticas después de siete años de ruptura.
Este respaldo internacional ha permitido el retorno de delegaciones diplomáticas entre Caracas y Washington, así como la liberación de cientos de presos políticos, incluyendo periodistas. Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil venezolana señalan que este reconocimiento no aborda el déficit democrático fundamental del país.
La sombra de las elecciones de 2024
Expertos y organizaciones de derechos humanos recuerdan que el actual debate ocurre bajo la sombra de los cuestionados resultados electorales de julio de 2024, cuando el opositor Edmundo González obtuvo más de 7 millones de votos según observadores internacionales, pero Nicolás Maduro se proclamó ganador sin mostrar pruebas contundentes y con el aval del mismo Tribunal Supremo de Justicia que hoy decide sobre el interinato.
Provea insiste en que la declaración de falta absoluta no es un simple tecnicismo, sino "el mecanismo que devuelve la palabra al pueblo". La organización afirma que a los 180 días de interinato, la Asamblea Nacional tiene la obligación constitucional de declarar la falta absoluta, lo que desencadenaría un período de 30 días para convocar elecciones presidenciales.
El futuro político de Venezuela
La resolución de esta crisis institucional representa según analistas una oportunidad histórica para recuperar la legitimidad democrática en Venezuela. Cepaz enfatiza que se trata de una coyuntura crucial para devolver valor al voto ciudadano y restablecer una República donde el cumplimiento de la ley sea una obligación jurídica ineludible, no una consigna política moldeable según conveniencias del poder.
Mientras el chavismo, ahora encabezado por Rodríguez, mantiene control sobre todas las instituciones del Estado, la presión constitucional y de la sociedad civil continúa creciendo. Los próximos días determinarán si Venezuela avanza hacia elecciones democráticas o consolida un sistema que opera permanentemente en estado de excepción constitucional.
