Demanda judicial cuestiona obligatoriedad de la presencia del ministro de Hacienda en juntas del Banco de la República
Una demanda presentada ante el Consejo de Estado busca prohibir que la asistencia del ministro de Hacienda sea obligatoria para las sesiones de la Junta Directiva del Banco de la República. El recurso judicial, interpuesto por el abogado Rodrigo Galarza Naranjo, argumenta que la actual normativa otorga al Gobierno un poder de veto sobre las decisiones monetarias del país.
Expertos dudan de la competencia del Consejo de Estado
Henry Amorocho, profesor de la Universidad del Rosario, expresó serias dudas sobre la viabilidad de esta demanda. "Yo tengo mis serios reparos y una clara interpretación en que esta demanda terminaría su ciclo en el proceso de admisión", explicó el académico.
Amorocho fundamenta su escepticismo en que el Decreto 2520 de 1993, que establece los estatutos del Emisor, tiene carácter de norma estatutaria derivada directamente del artículo 372 de la Constitución. Según su análisis, esto significa que el órgano competente para revisar esta normativa sería la Corte Constitucional y no el Consejo de Estado.
Contexto de la demanda y puntos clave
La acción judicial surge tras el anuncio del ministro de Hacienda, Germán Ávila, de "romper relaciones" con el Banco de la República y la posterior declaración del presidente Gustavo Petro de retirar al Gobierno de la junta directiva.
Los argumentos centrales de la demanda incluyen:
- Evitar el poder de veto: El demandante sostiene que la obligatoriedad de la presencia ministerial permite que el Gobierno, mediante inasistencia deliberada, bloquee funciones esenciales del Estado en materia monetaria, cambiaria y crediticia.
- Autonomía técnica: Se argumenta que la ausencia de un miembro no debería suspender la toma de decisiones, ya que los directivos representan el interés nacional y no intereses particulares del gobierno de turno.
- Medidas de urgencia: Ante la reunión clave del 30 de abril para decidir sobre tasas de interés, se solicitan medidas cautelares para suspender la obligatoriedad de la asistencia ministerial.
Riesgos económicos y próximos pasos
El recurso advierte que de no actuarse, se pone en riesgo la estabilidad económica, el control de la inflación y la calificación crediticia del país, la cual ya fue recientemente rebajada por agencias como S&P Global Ratings.
El núcleo legal de la demanda es la nulidad de las expresiones del artículo 35 del Decreto 2520, las cuales establecen que la Junta Directiva "solamente" puede sesionar con la asistencia del Ministro de Hacienda.
Ahora corresponde al Consejo de Estado determinar si asume el estudio del caso o si, como advierte el profesor Amorocho, la competencia recae en otra instancia judicial. Esta decisión tendrá implicaciones significativas para la autonomía del Banco de la República y las relaciones entre el Gobierno nacional y la entidad monetaria.
