Demanda judicial busca paralizar ingreso masivo de excombatientes a la Unidad Nacional de Protección
En una acción legal que ha generado intenso debate político, una demanda presentada ante el Consejo de Estado busca tumbar la resolución del Gobierno Nacional que ordena la vinculación de aproximadamente 4.200 excombatientes de las Farc como escoltas de la Unidad Nacional de Protección (UNP).
Controversia sobre la legalidad de la medida gubernamental
La demanda, presentada el mismo día en que se conoció la caída del salario mínimo vital, cuestiona la legalidad de la resolución y solicita la suspensión provisional de sus efectos mientras se toma una decisión de fondo. Esta medida forma parte de la política del Gobierno en materia de protección y reincorporación de excombatientes, pero ha desatado una fuerte polémica en diversos sectores políticos y de opinión pública.
El activista Josias Fiesco, del Centro Democrático, interpuso la demanda argumentando que la decisión afectaría directamente a personas con años de experiencia trabajando dentro de la UNP. Según el demandante, la resolución abriría la puerta para reemplazar a escoltas con trayectoria comprobada por exintegrantes de las Farc, lo que pondría en riesgo la seguridad y tendría un trasfondo político evidente.
Solicitud de medidas cautelares inmediatas
Además de la demanda principal, Fiesco informó que solicitó medidas cautelares para frenar la aplicación de las resoluciones 019 y 020 del 15 de enero de 2026, mientras el Consejo de Estado estudia el caso en profundidad. La petición busca evitar que la vinculación se materialice antes de que exista un pronunciamiento judicial definitivo, debido a las graves implicaciones que tendría para:
- La estructura operativa de la UNP
- La seguridad de las personas protegidas
- Los escoltas que actualmente prestan el servicio
- La estabilidad institucional del organismo
En declaraciones citadas por medios nacionales, Fiesco aseguró que la medida seguiría un patrón de interés político y cuestionó abiertamente que se equipare la trayectoria de miembros retirados de la Fuerza Pública con la de excombatientes de las Farc.
El proceso queda en manos del alto tribunal
El caso ahora está en manos del Consejo de Estado, que deberá determinar si la resolución gubernamental cumple con todos los requisitos legales establecidos o si, por el contrario, debe ser suspendida temporalmente o anulada definitivamente. Esta decisión marcará un precedente importante en las políticas de reincorporación y protección del Estado colombiano.
La controversia refleja las tensiones persistentes en la implementación del acuerdo de paz y pone en evidencia los desafíos que enfrenta el Gobierno para equilibrar la reincorporación de excombatientes con la seguridad institucional y la percepción pública.
