La erosión institucional como política de Estado
Uno de los desafíos más complejos que enfrentará el próximo Gobierno de Colombia será la reconstrucción de la confianza ciudadana en el Estado y su capacidad para actuar genuinamente en beneficio público. Durante décadas, existieron dudas razonables sobre la efectividad del aparato estatal, principalmente debido al uso de las instituciones para fines burocráticos más que sustantivos. Sin embargo, en los últimos años estas sospechas se han convertido en certezas preocupantes, fundamentalmente por la incapacidad demostrada por la actual administración para designar profesionales calificados en áreas críticas para la dirección de las principales entidades del país.
Nombramientos políticos sobre mérito técnico
La situación se agrava considerablemente con el nombramiento sistemático de funcionarios cuya principal cualificación es su disposición a cumplir los deseos personales del Presidente de la República, incluso cuando estos contravienen abiertamente los fines institucionales para los cuales fueron creadas las entidades que lideran. La consigna implícita parece ser la destrucción deliberada de valor público. Basta con observar el desarrollo de los consejos de ministros para constatar que muchos de sus integrantes carecen del carácter y la formación profesional indispensables para dirigir carteras ministeriales.
Se trata de un grupo notablemente sometido a la voluntad presidencial, que ejecuta órdenes sin cuestionamiento y tolera tratos que en cualquier equipo profesional serían inadmisibles. En numerosos casos, estos funcionarios actúan obedeciendo instrucciones superiores sin considerar las graves consecuencias disciplinarias y penales que podrían enfrentar.
Desmantelamiento de la capacidad técnica estatal
Los ministros, además, han impulsado el reemplazo masivo de funcionarios con experiencia y capacidad técnica por cientos de nuevos nombramientos carentes de las calificaciones necesarias. La evidencia más clara de este fenómeno es el aumento injustificado del aparato estatal durante los últimos tres años, con el consiguiente impacto fiscal negativo para las finanzas públicas del país. Este proceso ha generado un Estado más grande pero significativamente menos capaz.
Intervenciones fallidas en el sector salud
El patrón se repite en las intervenciones al sector salud, donde se han designado agentes interventores sin la experiencia necesaria para rescitar las entidades intervenidas. Lejos de mejorar la situación, estas intervenciones gubernamentales han provocado un deterioro patrimonial considerable y han reducido la capacidad de atención a pacientes. Los casos de la Nueva EPS y la EPS Sanitas ofrecen datos contundentes que corroboran esta realidad crítica.
Estas intervenciones, además, exponen al Estado colombiano a posibles condenas internacionales por violaciones a los derechos de los accionistas de estas sociedades, agregando una dimensión jurídica internacional a un problema ya de por sí grave.
Debilitamiento de la supervisión estatal
Otra manifestación preocupante es la reducción de requisitos para dirigir las superintendencias más importantes del país -Financiera, Industria y Comercio, y Sociedades- mediante la expedición del Decreto 0226 de 2026. Esta decisión envía un mensaje claro a los mercados y a las organizaciones internacionales que durante años han emitido recomendaciones técnicas en la materia: el actual Gobierno desconoce abiertamente estos lineamientos y muestra escaso interés en alinearse con estándares internacionales.
El caso emblemático de Ecopetrol
El deterioro es particularmente evidente en Ecopetrol, empresa que en apenas tres años vio reducir sus utilidades de más de cincuenta billones a apenas nueve billones. Esta caída catastrófica ocurre bajo una junta directiva notablemente servil, incapaz de tomar decisiones autónomas frente a un presidente que, más allá de las investigaciones judiciales en su contra, no ha logrado generar valor sostenible para la empresa petrolera.
Un legado complejo y una oportunidad histórica
En consecuencia, el próximo Gobierno recibirá un Estado disminuido en sus capacidades institucionales, con una efectividad menguada y con la necesidad urgente de repensarse estructuralmente. Esta realidad crítica, sin embargo, también representa una oportunidad histórica para avanzar en la reestructuración profunda del Estado colombiano.
El desafío consiste en eliminar lo innecesario, reformar lo imprescindible y generar valor público genuino para todos los colombianos. La oportunidad está en construir un Estado dedicado al servicio ciudadano, no a la satisfacción exclusiva de intereses particulares de quienes temporalmente lo dirigen. El camino hacia la reconstrucción institucional será arduo, pero necesario para el futuro del país.
