División profunda en el Pacto Histórico por caso de Hollman Morris
Una nueva y significativa confrontación se ha desatado al interior de las filas del partido de Gobierno, el Pacto Histórico, donde las mujeres congresistas se encuentran profundamente divididas respecto a la permanencia o no del gerente de RTVC, Hollman Morris. El funcionario enfrenta graves señalamientos por presunto abuso sexual y laboral, generando un intenso debate político y jurídico.
La carta de las 50 mujeres a Gustavo Petro
Este miércoles se conoció una comunicación enviada al presidente de la República, Gustavo Petro, firmada por más de 50 mujeres, entre las que destacan tres congresistas de la bancada oficialista. La misiva, radicada el martes en la Casa de Nariño, está encabezada por la exdirectora de Colombia Humana y actual senadora, Gloria Flórez.
En el documento, las firmantes expresan al mandatario que "a la fecha de suscripción de esta carta, el señor Hollman Morris no ha sido sancionado penal, disciplinaria ni fiscalmente por actos de acoso sexual, acoso laboral ni detrimento patrimonial del Estado". Además, enfatizan que "tampoco existen procesos abiertos en su contra" y advierten que "las redes sociales y los medios no son estrados judiciales".
Defensa del debido proceso y presunción de inocencia
Las mujeres que suscriben la carta hacen una firme defensa de los principios jurídicos fundamentales, argumentando que "en un Estado social de derecho, la culpabilidad se determina mediante proceso, prueba y autoridad competente". Manifiestan con claridad que "la coherencia es irrenunciable: no podemos defender el debido proceso y la presunción de inocencia selectivamente".
En un pasaje particularmente contundente, señalan que "el debido proceso es un principio o no es nada" y agregan que "su aplicación al caso Morris no debilita la lucha contra el acoso: la fortalece, porque una justicia que prescinde del proceso para castigar a quien señala la opinión pública es la misma que durante décadas fue incapaz de proteger a las víctimas reales en los medios privados".
Firmantes destacadas y posiciones encontradas
Además de la senadora Gloria Flórez, la carta cuenta con las firmas de:
- La senadora electa Sandra Chindoy
- La representante electa por Santander Yolanda Silva
- La concejal de Bogotá Ana Teresa Bernal
- La exsecretaria de Prensa de la Casa de Nariño y actual subgerente de RTVC, María Paula Fonseca
La senadora electa Chindoy expresó con firmeza: "Me indigna la violencia contra las mujeres, pero también me indigna cuando se instrumentaliza y se crean narrativas de violencias con fines políticos". Agregó que "la realidad es que a muchos no les interesa que se haga justicia, solo les interesa sacar al gerente de RTVC y perseguirlo".
La denuncia y las exigencias de salida
La división se hizo evidente la semana pasada cuando, al recordarse la denuncia del presunto acoso laboral y sexual que habría cometido el entonces concejal de Bogotá Hollman Morris contra su secretaria Lina Castillo, varias congresistas tomaron posición contraria.
La representante a la Cámara, María Fernanda Carrascal, y la senadora Isabel Zuleta, entre otras, pidieron directamente al presidente Gustavo Petro que removiera al gerente de la empresa estatal de comunicaciones de su cargo.
La denunciante, Lina Castillo, relató episodios específicos de acoso durante su paso por el Concejo de Bogotá, afirmando: "Una vez salimos a almorzar con todo el equipo, me pidió que me sentara al lado de él y me tomó de las piernas".
Un debate que refleja tensiones más amplias
Este enfrentamiento interno dentro del Pacto Histórico refleja tensiones más amplias en la política colombiana sobre cómo balancear la protección a posibles víctimas de acoso con la garantía del debido proceso para los señalados. El caso ha expuesto diferencias fundamentales entre mujeres congresistas del mismo partido de Gobierno, mostrando que incluso dentro de una bancada que ha hecho bandera de la defensa de los derechos de las mujeres existen visiones divergentes sobre cómo proceder en casos de denuncias de esta naturaleza.
La polarización se evidencia en que mientras un grupo exige la salida inmediata de Morris basándose en los señalamientos públicos, otro grupo insiste en que debe primar el procedimiento legal formal antes de tomar cualquier decisión que afecte los derechos del funcionario.
