Emergencia económica por inundaciones: una medida necesaria pero con advertencias
El Gobierno del presidente Gustavo Petro ha decretado una nueva emergencia económica, esta vez justificada por las graves inundaciones que afectan a ocho departamentos de la Costa Caribe. A diferencia de la anterior declaratoria, que fue rechazada por la Corte Constitucional al carecer de hechos sobrevinientes, en este caso las torrenciales lluvias constituyen un evento grave e inminente que perturba el orden económico y social del país.
La diferencia clave con la emergencia anterior
La Constitución colombiana exige que para decretar un estado de excepción económica deben "sobrevenir hechos que perturben o amenacen perturbar, en forma grave e inminente, el orden económico, social o ecológico". En la emergencia anterior, el Gobierno argumentó el deterioro de las finanzas públicas, pero este no era un hecho sobreviniente, sino generado por un presupuesto desfinanciado presentado por el mismo Ejecutivo. Además, se intentaron incluir propuestas tributarias ya negadas por el Congreso, lo que carecía de justificación.
En contraste, las inundaciones actuales representan una calamidad real. Los datos son aterradores: miles de hectáreas inundadas, familias afectadas, viviendas arrasadas e infraestructura vial y de comunicaciones destruida. Esta catástrofe humanitaria, social y económica es similar a la de 2010, cuando el Gobierno de Juan Manuel Santos declaró una emergencia para enfrentar una temporada invernal inusual.
Riesgos y advertencias en la aplicación
Sin embargo, expertos como el economista Amylkar Acosta advierten sobre el riesgo de que el Gobierno abuse de este estado de excepción. El peligro radica en utilizar una emergencia justificada para solucionar otros problemas o recaudar recursos más allá de lo necesario para atender la calamidad invernal. En el decreto de declaratoria ya se observa un primer "mico" al mezclar los graves problemas financieros del servicio de energía eléctrica en la Costa con el desastre invernal.
Los considerandos del decreto afirman que "existe un riesgo sistémico latente en el Mercado de Energía Mayorista (MEM), el cual se ha agudizado de manera ostensible por los fenómenos climáticos referidos", pero no se presentan argumentos ni hechos que demuestren una relación clara entre ambos problemas.
La cuestión de los $8 billones
Otro punto de preocupación es la aspiración del Gobierno de recaudar $8 billones, según declaraciones del ministro de Hacienda. Aquí, el "mico" puede estar en el destino de esos recursos, ya que no se ha especificado el monto exacto necesario para atender la emergencia ni el uso que se daría a los nuevos tributos. Si la cifra requerida es menor, surgen preguntas críticas: ¿el Gobierno devolvería el excedente a los contribuyentes?, ¿o lo usaría para fines distintos a los que motivaron la emergencia?
El uso de un instrumento tan poderoso como la emergencia económica se justifica en las circunstancias actuales, pero es fundamental evitar el abuso de estas facultades. La vigilancia ciudadana y el control institucional son clave para asegurar que los recursos se destinen exclusivamente a paliar los efectos de las inundaciones y no se desvíen hacia otros objetivos.
