Fedemunicipios exige al Gobierno Nacional asumir su responsabilidad en la crisis de avalúos
La Federación Colombiana de Municipios, en representación de los alcaldes y alcaldesas de todo el país, ha emitido un pronunciamiento oficial ante lo que califica como una "creciente crisis social" generada por los incrementos desproporcionados en los avalúos catastrales que afectan a diversas regiones. En un documento dirigido al Gobierno nacional, la organización realizó un llamado firme al Presidente Gustavo Petro para que "no siga evadiendo su responsabilidad" al señalar a los mandatarios locales como responsables de la situación.
Los alcaldes no son responsables de los aumentos
Fedemunicipios enfatizó que la actual ola de inconformidad ciudadana por el alza en los valores catastrales no es atribuible a los alcaldes. Según el comunicado oficial, estos incrementos son consecuencia directa de la implementación del artículo 49 del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno nacional, una normativa definida desde el nivel central que está generando impactos profundos en los municipios. Los mandatarios locales aclararon que "no han fijado estos incrementos ni tienen la competencia para modificarlos discrecionalmente", defendiendo que su actuación ha sido siempre conforme a la ley.
Propuesta técnica y urgente con el IGAC
Como salida responsable a la crisis, Fedemunicipios propuso la implementación inmediata de la Resolución 0384 de 2026 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) en todo el territorio nacional. Esta medida incluiría un cronograma con fecha límite al 30 de junio de 2026, diseñado para permitir la revisión regionalizada de los casos atípicos derivados del cálculo automático de avalúos realizados bajo el marco legal del Plan Nacional de Desarrollo.
Adicionalmente, los alcaldes solicitaron que se postergue la vigencia de los nuevos avalúos en jurisdicciones específicas. La propuesta establece que en aquellos municipios donde no se recibieron las bases catastrales actualizadas a 31 de diciembre de 2025, la aplicación de los efectos de las resoluciones de diciembre de ese mismo año se traslade hasta el 1 de enero de 2027.
Derecho de petición y mesas de diálogo
Para dar soporte a esta solicitud, la Federación anunció que interpondrá un derecho de petición ante el IGAC para obtener una certificación donde conste la fecha en la que se incorporaron los valores catastrales resultantes del ajuste automático en las bases de cada municipio.
Finalmente, el gremio que agrupa a los municipios insistió en la necesidad urgente de instalar mesas de diálogo con el Gobierno nacional. El objetivo de estas mesas sería revisar técnicamente los aumentos, poniendo especial atención en el impacto sobre predios rurales y pequeños propietarios. Para Fedemunicipios, es imperativo evitar que esta política centralizada afecte la estabilidad económica de miles de familias y profundice la crisis social en los territorios, reiterando que la solución definitiva debe ser técnica, concertada y responsable.
