Fiscalías de Nueva York investigan a Petro por narcotráfico mientras crece presión electoral en Colombia
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se encuentra simultáneamente bajo la lupa de dos fiscalías federales en Nueva York por presuntos vínculos con el narcotráfico y en medio de una confrontación institucional con la Fiscalía General de la Nación por posibles manipulaciones al software electoral desde 2014. Colombia atraviesa una de las semanas más complejas en materia política y judicial de los últimos años, con las elecciones presidenciales a poco más de dos meses de distancia y la relación bilateral con Washington en un punto crítico.
Las dos tormentas que enfrenta el mandatario colombiano
Dos crisis de naturaleza distinta convergen en este momento histórico para el gobierno de Gustavo Petro. Por un lado, una revelación periodística de alcance internacional coloca al jefe de Estado colombiano en la mira de la justicia federal estadounidense. Por otro, desde la Casa de Nariño se libra una batalla institucional contra la Fiscalía General, con el foco puesto en el sistema informático que procesará los votos de más de 41 millones de colombianos el próximo 31 de mayo.
La relación bilateral entre Estados Unidos y Colombia ha experimentado múltiples tensiones desde enero de 2025, tras comenzar el segundo mandato del presidente Donald Trump, lo que dio paso a una etapa de fuertes diferencias con el mandatario colombiano. Estas tensiones se han manifestado en amenazas arancelarias, sanciones económicas y la descertificación de Colombia en materia de lucha antidrogas.
La investigación en Nueva York que sacudió las relaciones bilaterales
Fue el diario The New York Times el que encendió la mecha al revelar, con base en testimonios de tres personas familiarizadas con el asunto, que al menos dos fiscalías federales en Nueva York -las de Manhattan y Brooklyn- adelantan pesquisas sobre el presidente colombiano en relación con el narcotráfico. Las investigaciones estarían a cargo de fiscales especializados en tráfico internacional de narcóticos, con el apoyo de agentes de la DEA y del Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional.
Según el periódico, los investigadores analizan si Petro sostuvo reuniones con narcotraficantes y si su campaña presidencial pudo haber recibido financiación de esas redes criminales. El diario aclara que las pesquisas se encuentran en fase inicial, que no existe acusación formal y que no hay evidencia de que la Casa Blanca haya ordenado o favorecido el inicio de estas diligencias.
El contexto geopolítico en el que emerge esta revelación no es menor. Las relaciones entre Colombia y Estados Unidos han atravesado una zona de alta turbulencia desde comienzos de 2025, cuando Petro se negó a recibir vuelos militares estadounidenses con connacionales deportados, alegando que eran transportados en condiciones inhumanas.
Gustavo Petro cuestiona el sistema electoral por uso de software
Al mismo tiempo que la revelación del Times recorría los titulares de medio mundo, desde la Casa de Nariño se libraba otro combate de naturaleza institucional. Petro remitió a la fiscal general Luz Adriana Camargo un documento de 12 páginas que contiene 11 preguntas formales sobre el estado de las investigaciones relacionadas con posibles alteraciones al software de escrutinio utilizado en las elecciones al Senado de 2014.
El punto de partida de la petición presidencial es una sentencia del Consejo de Estado del 8 de febrero de 2018, que estableció con precisión que el software empleado en los escrutinios de ese año presentó 4.150 registros alterados en 2.012 mesas de votación. Un informe pericial elaborado en 2017 por el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía concluyó que resultaba técnicamente imposible determinar si el sistema fue manipulado, debido a que el software original no había sido preservado.
La gravedad del asunto se profundiza cuando el documento presidencial expone que los patrones de alteración detectados en 2014 no habrían sido un episodio aislado. Según la petición, anomalías similares entre registros digitales y actas físicas de los jurados han sido documentadas oficialmente en varios ciclos electorales recientes:
- En Pereira, Risaralda, la Comisión Escrutadora Municipal reconoció en resoluciones administrativas de 2022 que el sistema marcó cero en registros digitales pese a existir votos físicamente consignados para el Pacto Histórico
- En Medellín, la Misión de Observación Electoral reportó en 2026 que en la Mesa 002 del Estadio Anastasio Girardot se registró una diferencia de 33 votos reales en papel que no aparecieron en el conteo digital
El derecho de petición exige a la Fiscalía precisar múltiples aspectos de la investigación, incluyendo si recibió la compulsa de copias ordenada por el Consejo de Estado, cuándo lo hizo y a cargo de quién, si abrió investigación formal, cuál es su estado actual y si ha extendido sus pesquisas a los ciclos electorales de 2018, 2019, 2022 y 2026.
Colombia se aproxima a elecciones con interrogantes sin respuesta
Colombia se acerca a los comicios presidenciales del 31 de mayo de 2026 con dos interrogantes de fondo sin respuesta clara. El primero tiene que ver con la solidez jurídica de la infraestructura electoral que procesará los votos de millones de ciudadanos. El segundo, con las implicaciones que una investigación federal en Estados Unidos podría tener sobre la estabilidad política interna y el equilibrio de fuerzas en la carrera presidencial que ya está en marcha.
El mandatario solicita una respuesta formal dentro del plazo legal de quince días hábiles, de conformidad con la Ley 1755 de 2015, y advierte que el silencio administrativo negativo operaría transcurrido ese término, habilitando la acción judicial correspondiente. Petro fundamenta su intervención en los artículos constitucionales que consagran el derecho de petición, el acceso a la información pública y la obligación de la Fiscalía de investigar hechos con características de delito.
