Gobernar por decreto: la tensión institucional que amenaza la economía colombiana
En el ámbito económico y, con mayor razón, en el sector público, las reglas no son elementos accesorios. Constituyen el sistema nervioso fundamental de la confianza institucional. Colombia ha dedicado décadas a construir un equilibrio institucional claro y definido: el Ejecutivo propone, el Congreso delibera y las Cortes ejercen control. Este equilibrio no está roto, pero sí enfrenta una tensión creciente que, de persistir, podría derivar en una fractura significativa del sistema.
Señales preocupantes de desbordamiento institucional
Se acumulan señales alarmantes que apuntan hacia un patrón preocupante:
- La ampliación de intervenciones en servicios públicos mediante decretos presidenciales.
- El uso intensivo de estados de excepción con efectos económicos directos.
- La intención de convocar mecanismos de participación popular fuera de los cauces ordinarios, especialmente tras decisiones adversas del Congreso.
- La reiteración de figuras jurídicas que operan en los márgenes de su sustento legal.
En términos generales, se observa una inclinación creciente a regular por decreto materias que corresponden naturalmente al legislador. No se trata de hechos aislados, sino de un patrón que se consolida.
El gobierno de Petro: instrumentos expeditos sobre acuerdos
El gobierno del presidente Gustavo Petro ha privilegiado el instrumento expedito sobre la construcción de acuerdos políticos. Episodios recientes -algunos suspendidos provisionalmente por la jurisdicción- evidencian un límite claro: las decisiones negadas en sede legislativa no pueden reconfigurarse unilateralmente desde el Ejecutivo. Esta situación trasciende la mera técnica jurídica; representa una cuestión fundamental de equilibrio institucional.
El impacto de esta dinámica trasciende ampliamente lo jurídico. Se manifiesta, ante todo, en dimensiones económicas y sociales críticas para el desarrollo nacional.
Impacto en el sector salud: incertidumbre que erosiona confianza
En materia de salud, la incertidumbre regulatoria ha erosionado significativamente la confianza de los actores del sistema. Intervenciones gubernamentales, cambios en el modelo de atención y señales contradictorias han debilitado a los operadores y tensionado la prestación del servicio. La salud no admite intermitencias ni vaivenes regulatorios. Cuando el sistema se desarticula, el costo no es meramente fiscal: es profundamente humano, afectando directamente la calidad de vida de millones de colombianos.
Vivienda social: deterioro silencioso pero profundo
En el sector vivienda, el deterioro es silencioso pero igualmente profundo. Programas emblemáticos como Mi Casa Ya, que ampliaron significativamente el acceso a la vivienda, se han interrumpido o han perdido ritmo y previsibilidad. La política de vivienda social no se desmonta de un solo golpe: se diluye gradualmente cuando se rompe la confianza entre el Estado, los actores del sector y los hogares colombianos.
Los efectos ya son visibles y medibles:
- Menor iniciación de proyectos habitacionales.
- Caída significativa en las ventas de vivienda de interés social.
- Crecimiento preocupante de la informalidad en el sector.
- Impacto directo sobre el empleo y la actividad económica nacional.
La vivienda social no es un rubro presupuestal más: constituye un estabilizador macroeconómico fundamental y una herramienta poderosa de equidad social.
Gobernar es coordinar, no imponer
Gobernar no equivale a imponer; significa coordinar. La coordinación efectiva exige reglas claras y estables que todos los actores respeten. Resulta imperativo respetar estas reglas institucionales. Cuando el Ejecutivo desborda sistemáticamente al Congreso, el costo no lo asume la teoría constitucional abstracta, sino la economía real de los colombianos.
Los mecanismos extraordinarios que la Constitución de 1991 facultó al Presidente se concibieron para situaciones imprevisibles que el orden institucional ordinario no puede manejar, no para la administración cotidiana del país. Colombia no necesita más decretos presidenciales. Necesita acuerdos políticos sólidos y duraderos.
Sin reglas estables no hay inversión; y sin inversión, no hay bienestar sostenible. Los cambios que el país demanda deben construirse dentro de la institucionalidad, con seguridad jurídica y confianza mutua. De lo contrario, la tensión actual dejará de ser coyuntural para convertirse en una estructura permanente del sistema político colombiano, con consecuencias impredecibles para el desarrollo nacional.
