Organizaciones civiles responden con dureza a declaraciones presidenciales sobre proceso electoral
En vísperas de las elecciones legislativas del próximo domingo 8 de marzo, aproximadamente quince organizaciones de la sociedad civil rompieron su silencio para responder al presidente Gustavo Petro, quien durante una alocución en Popayán, Cauca, el pasado 3 de marzo, expresó dudas sobre el proceso de conteo de votos en Colombia.
Mediante un comunicado oficial, estas agrupaciones calificaron como "irresponsables y peligrosas" las palabras del mandatario contra la Registraduría Nacional del Estado Civil y el sistema electoral colombiano. El documento, publicado originalmente en el medio digital La Silla Vacía, representa una respuesta coordinada de diversos sectores de la sociedad civil.
Preocupación por la estabilidad institucional
Las organizaciones enfatizaron que "como jefe de Estado, tiene la responsabilidad de garantizar la estabilidad institucional del país y fortalecer la confianza ciudadana en las reglas democráticas". Este señalamiento directo al presidente Petro refleja la preocupación de estos grupos por el impacto que pueden tener las declaraciones presidenciales en momentos cruciales del calendario electoral.
En su intervención en Popayán, el presidente había manifestado: "Tengo mis dudas y las he planteado, surgen de una sentencia del Consejo de Estado de sala plena, después de una investigación de cuatro años de una magistrada que logró convencer a la mayoría de los miembros del Consejo de Estado". Además, insistió en que "no se ha entregado el código fuente del software a los partidos y a la ciudadanía que quiera estudiarlo a profundidad".
Puntos clave del desacuerdo
El comunicado de las organizaciones civiles abordó específicamente tres aspectos centrales de la controversia:
- El preconteo no es ilegal: Las organizaciones explicaron que este mecanismo "no reemplaza el escrutinio" y su objetivo es "evitar vacíos de información durante la jornada y permitir que la ciudadanía conozca los resultados preliminares".
- La impugnación de mesas es procedimiento legal: Aclararon que el recuento de mesas constituye "una garantía ante errores reales, no un instrumento para obstaculizar o dilatar el escrutinio".
- El software electoral es auditable: Afirmaron que el sistema incluye "verificación del código fuente, acceso a registros técnicos del sistema, participación en simulacros y presencia de testigos técnicos", con vigilancia de múltiples actores.
Advertencia sobre consecuencias democráticas
Las organizaciones advirtieron explícitamente que "sembrar dudas sobre el proceso electoral mina la legitimidad de todo el sistema democrático". Este planteamiento representa el núcleo de su preocupación, al considerar que tales declaraciones podrían "generar confusión, desinformación y tensiones entre los ciudadanos" en un momento particularmente sensible del calendario político nacional.
El presidente Petro, por su parte, había insistido durante su intervención en Popayán sobre la necesidad de transparencia: "Dejo esa inquietud ante la opinión pública. Hasta el día domingo ya no es posible una auditoría técnica del código fuente, que permita garantizar que no haya opacidad en los algoritmos con que se cuentan los votos".
Llamado a la responsabilidad institucional
Al finalizar su comunicado, los grupos civiles hicieron un fuerte llamado a los actores políticos y al presidente Gustavo Petro para que actúen "con responsabilidad institucional y contribuyan a fortalecer la confianza en las elecciones". Este mensaje busca establecer un contrapeso a las declaraciones presidenciales y reafirmar la importancia de mantener la credibilidad en los procesos democráticos.
La controversia se desarrolla en el marco de las elecciones legislativas de 2026, donde el presidente había enfatizado repetidamente su preocupación por "el tema de la transparencia y el acceso a los datos por parte de la ciudadanía". Las organizaciones civiles, sin embargo, consideran que estas expresiones públicas, provenientes de la máxima autoridad del país, pueden tener efectos contraproducentes para la salud democrática de la nación.
