La integridad no se declara, se diseña: un análisis del sistema colombiano
En tiempos de reflexión como la Semana Santa, la conversación pública suele centrarse en valores personales como la coherencia y el hacer lo correcto. Sin embargo, como señala la columnista Patricia Rincón Mazo, esa exigencia ética que funciona en el ámbito individual no se traslada automáticamente al espacio público. En el Estado, la integridad no es una virtud que se predica, sino una característica que debe diseñarse intencionalmente a través de estructuras y procesos.
Un sistema que depende de reglas, no de héroes
Colombia cuenta con numerosas normas, instituciones y ciudadanos dispuestos a participar. El verdadero desafío, según el análisis, radica en la falta de un sistema inteligente que conecte la gestión pública de manera efectiva. Un sistema donde sea difícil actuar mal y fácil actuar bien, que no dependa de la voluntad excepcional de unos pocos, sino de reglas claras, controles robustos y decisiones oportunas basadas en datos.
La autora presenta cuatro ejemplos concretos que evidencian las fallas del diseño actual:
- Integridad institucional bajo presión: El Banco de la República ha demostrado independencia técnica durante décadas, manteniendo su línea incluso al tomar decisiones impopulares contra la inflación, a pesar de cuestionamientos políticos. La verdadera prueba de integridad llega cuando decir "no" tiene un costo tangible.
- Control social en la era de la desinformación: Aunque la ciudadanía participa más que nunca, muchas veces lo hace desde información incompleta o falsa. En debates recientes sobre reformas estructurales, han circulado cifras erróneas y narrativas diseñadas para activar emociones más que para informar. El resultado es paradójico: más participación no necesariamente significa mejor control.
- Fragmentación de los controles: El caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres mostró cómo, a pesar de existir múltiples órganos de control, los problemas pueden crecer sin ser detectados ni corregidos a tiempo debido a la falta de coordinación.
- Oportunidades perdidas en el uso de datos: Herramientas como Secop ofrecen acceso detallado a información sobre contratación pública, pero su uso sigue siendo predominantemente pasivo. No se ha dado el salto hacia un control inteligente que cruce información, identifique patrones sospechosos y anticipe riesgos, permitiendo intervenir antes de que ocurra el daño.
Avances económicos sin transformación estructural
Los datos macroeconómicos del país presentan una imagen ambivalente. Por un lado, se observan mejoras: la pobreza ha disminuido situándose alrededor del 31,8%, el desempleo ha regresado a niveles cercanos al 8,3%, y la economía crece modestamente en torno al 2,6%. Sin embargo, estos avances coexisten con problemas estructurales persistentes.
La informalidad laboral se mantiene por encima del 55%, nivel similar al de hace una década. La deuda pública ronda el 60% del Producto Interno Bruto, limitando significativamente el margen de acción del Estado para inversiones y políticas públicas. Esta combinación revela una mejora marginal que no altera las dinámicas fundamentales del sistema.
De la moral al diseño: reconstruyendo la integridad pública
El análisis concluye que la integridad deja de ser principalmente un asunto moral para convertirse en un problema de diseño institucional. Un sistema que permite la distorsión de información, reacciona tardíamente frente a la corrupción, no protege adecuadamente la independencia institucional y no utiliza inteligentemente sus propios datos es, sin proponérselo, un sistema que facilita que las cosas salgan mal.
La solución, según la perspectiva presentada, requiere construir sistemas que no dependan de la voluntad de unos pocos individuos excepcionales. Se necesitan reglas claras que establezcan límites inequívocos, controles inteligentes que aprovechen la tecnología y los datos, y mecanismos de decisión capaces de anticipar problemas en lugar de llegar siempre con retraso. Solo mediante este rediseño fundamental podrá la integridad institucional dejar de ser una aspiración para convertirse en una realidad operativa en la gestión pública colombiana.
