Política migratoria de Trump sobre deportaciones es declarada ilegal por juez federal
Un juez federal de Estados Unidos ha dictaminado este miércoles como ilegal la política migratoria implementada por el Gobierno del presidente Donald Trump que permitía a las autoridades deportar a migrantes hacia terceros países sin previa notificación y sin otorgarles derecho a apelación.
Violación al debido proceso migratorio
El magistrado Brian Murphy, del Distrito federal en Massachusetts, falló en contra de la normativa establecida el año pasado que eximía al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de la obligación de informar a los extranjeros sobre su inminente expulsión a naciones diferentes a las especificadas en sus órdenes de deportación.
"Esta política viola la ley federal de inmigración y el derecho de los migrantes al debido proceso", señaló el juez Murphy en su fallo, cuestionando además la efectividad de las supuestas garantías ofrecidas por los países receptores.
Contexto y antecedentes de la medida
La Administración Trump mantiene varios enfrentamientos judiciales relacionados con esta práctica de expulsiones a terceros países, que se refiere a la deportación de migrantes hacia naciones que no son su país de origen ni el destino originalmente designado en sus procesos migratorios.
Entre los casos documentados se encuentran:
- La deportación de más de 200 salvadoreños a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador durante el año pasado
- Conversaciones con gobiernos como Costa Rica, Panamá y Ruanda para aceptar deportados que no son ciudadanos de esos países
- Intentos de expulsión de inmigrantes con antecedentes penales a Sudán del Sur sin preaviso adecuado
Consecuencias inmediatas del fallo judicial
El juez Murphy ordenó la anulación inmediata de esta iniciativa de deportación, aunque concedió un período de espera de 15 días para que entre en vigor, tiempo durante el cual la Administración Trump podría apelar la decisión.
Los demandantes en este caso alegaron que no fueron informados sobre su traslado a terceros países, situación que en muchos casos implicaba ser enviados a otro continente sin conocimiento previo ni posibilidad de presentar objeciones.
Historial de disputas legales
Esta no es la primera vez que el juez Murphy se pronuncia en contra de esta política migratoria. En mayo pasado, ya había dictaminado que la Casa Blanca violó una orden judicial al intentar expulsar a un grupo de inmigrantes hacia Sudán del Sur sin proporcionarles el debido proceso.
El magistrado fue enfático al señalar en su fallo: "No está bien, ni es legal", refiriéndose a la práctica de deportar personas sin notificación adecuada ni oportunidad para presentar denuncias basadas en el miedo a persecución o tortura.
Próximos pasos y reacciones esperadas
Se anticipa que la Administración Trump recurrirá nuevamente al Tribunal Supremo para intentar revertir este fallo, siguiendo una estrategia legal similar a la empleada anteriormente cuando el máximo tribunal le permitió reanudar temporalmente las expulsiones a terceros países mientras se resolvía el caso.
Este fallo representa un importante revés para las políticas migratorias más controvertidas de la Administración Trump, particularmente aquellas relacionadas con procedimientos acelerados de deportación que limitan los derechos procesales de los migrantes.
