Los líos judiciales de alfiles del presidente Gustavo Petro en la recta final de su gobierno
En la última semana, el mandatario designó a Jorge Iván Ospina y Daniel Quintero, dos figuras llamadas a juicio, en dependencias clave del sector salud, lo que ha generado controversia en medio de múltiples procesos judiciales contra allegados del gobierno.
Ricardo Roa: presidente de Ecopetrol bajo la lupa
Para disipar las posibles repercusiones de sus problemas penales, Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, solicitó vacaciones y una licencia no remunerada. El primer expediente lo investiga por supuestas irregularidades en la compra de un lujoso apartamento en el barrio Chicó de Bogotá, donde fue imputado por tráfico de influencias.
Según la Fiscalía, habría utilizado su posición en la petrolera para beneficiar con un contrato a Juan Guillermo Mancera, quien le vendió el inmueble con un descuento del 34% respecto a su valor real. Además, Roa se convirtió en el primer alto funcionario del gobierno Petro llamado a responder por el escándalo de presunta violación de topes en la financiación de la campaña presidencial.
Tras dos inasistencias, la Judicatura agendó la audiencia de imputación para el próximo 8 de mayo en los juzgados de control de garantías de Bogotá.
Daniel Quintero: superintendente de Salud con llamado a juicio
El exalcalde de Medellín Daniel Quintero, actual superintendente de Salud, está llamado a juicio por los delitos de peculado por apropiación, prevaricato por acción e interés indebido en la celebración de contratos, relacionados con el caso Aguas Vivas.
El dosier señala que, entre febrero de 2020 y mayo de 2023, durante su administración en La Alpujarra, sus funcionarios habrían favorecido económicamente a empresarios de Medellín, cambiando la cesión gratuita de un megalote de aproximadamente 146.000 metros cuadrados por una compraventa.
Quintero ha argumentado que su antecesor, Federico Gutiérrez, fue quien suscribió el contrato un día antes de terminar su gobierno, y que en la letra pequeña del documento se establecía un pago de 40.000 millones de pesos, lo que su gobierno consideró ilegal.
Armando Benedetti: ministro del Interior con siete procesos
Actualmente, el ministro del Interior, Armando Benedetti, uno de los hombres más poderosos de Palacio, enfrenta siete procesos en la Corte Suprema. El más avanzado, en etapa de juicio, es el caso Fonade, donde se le acusa de haber intercedido para adjudicar un contrato de más de 1.000 millones de pesos a Certicámara S. A.
También lo investigan por el carrusel de pensiones en Córdoba, por presuntos actos de corrupción en la Fiduprevisora y por el supuesto favorecimiento a la empresa Simeric S. A. mediante una ley. A esto se suma un proceso por presunto enriquecimiento ilícito y otro más reciente por supuestas presiones para nombramientos.
Desde su defensa sostienen que las denuncias responden a una rivalidad personal con el abogado Jaime Lombana y que no hay pruebas suficientes.
Wílmar Mejía: director de la Uiaf bajo investigación
El actual director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), Wílmar Mejía, está investigado penalmente por las menciones de su nombre en información extraída de los computadores del cabecilla disidente Calarcá, donde aparece como uno de los presuntos aliados de la organización criminal.
Por este mismo señalamiento, que también involucra al general Juan Miguel Huertas, ambos fueron suspendidos por la Procuraduría, aunque la sanción preventiva fue levantada mientras avanza el proceso penal. Mejía ha negado las acusaciones y asegura que se trata de un complot para enlodarlo.
Jorge Iván Ospina: interventor de Nueva EPS con cuatro procesos
Otro exalcalde del ala oficialista, Jorge Iván Ospina, hijo del ex-M-19 Iván Marino Ospina, asumió como interventor de la Nueva EPS. Aunque ha estado en más de 60 ocasiones bajo la lupa de los entes de control, actualmente tiene cuatro procesos penales en curso.
Tres están en indagación y otro en el que ya fue acusado, por presuntas irregularidades en un contrato del alumbrado navideño de Cali en 2020, por un valor de 10.334 millones de pesos. El exalcalde ha negado los cargos.
Juliana Guerrero: representante del Gobierno en la Universidad del Cesar
Juliana Guerrero, designada por el presidente Gustavo Petro para ser viceministra de Juventudes, terminó en una investigación penal por cargar al sistema público dos títulos aparentemente falsos para lograr posesionarse.
Guerrero, quien sigue teniendo asiento en la junta directiva de la Universidad del Cesar como representante del Gobierno, fue imputada por los delitos de fraude procesal y falsedad en documento público. La Fiscalía señaló que nunca fue a clase ni presentó los exámenes.
Este panorama judicial se presenta en la recta final del gobierno de Gustavo Petro, con designaciones polémicas que han generado críticas y cuestionamientos sobre la transparencia en la administración pública.
