Nuevas acusaciones de nepotismo sacuden al Ministerio de Culturas
La ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes, Yannai Kadamani, se encuentra nuevamente en el centro de la controversia pública tras revelarse que su madre, Alexandra Fonrodona Montoya, habría firmado múltiples contratos con entidades del Gobierno nacional durante la actual administración. Esta situación se suma a las anteriores denuncias sobre contratos de su hermano, generando un creciente debate sobre prácticas de contratación familiar en el Estado.
Los detalles de los contratos cuestionados
Según la denuncia presentada por la representante a la Cámara Jennifer Pedraza, la madre de la ministra habría suscrito seis contratos con distintas entidades estatales entre 2023 y 2026, alcanzando montos significativos que muestran una tendencia ascendente:
- Tres contratos en enero de 2026 por un total de $313.846.667 distribuidos así: $126.500.000 con la Superintendencia Nacional de Salud, $116.666.667 con el Ministerio de Salud, y $70.680.000 con el Ministerio del Interior.
- Contrato en 2023 por valor de $48 millones.
- Contrato en 2024 por $92 millones.
- Tres contratos en 2025 que sumarían $141.180.590.
La congresista señaló que todos estos acuerdos se celebraron mediante contratación directa y estarían relacionados con servicios profesionales en áreas de comunicación estratégica y apoyo institucional. Además, cuestionó que en las declaraciones públicas de conflicto de interés no se habría informado adecuadamente sobre estos vínculos familiares.
La defensa de la ministra Kadamani
En un comunicado oficial, la ministra Kadamani respondió categóricamente a las acusaciones: "No he intervenido, ni incidido en ningún proceso de contratación en los que haya participado mi madre o hermano". La funcionaria argumentó que, según la normativa colombiana vigente, las inhabilidades por parentesco solo se configuran cuando existe relación directa con la entidad o sector sobre el cual el servidor público ejerce autoridad, intervención o control.
Kadamani sostuvo que no existe incompatibilidad, inhabilidad ni conflicto de interés en que sus familiares sean contratados por entidades del Estado, al tratarse —según su versión— de profesionales con trayectoria propia que pueden ejercer su profesión en igualdad de condiciones que cualquier ciudadano.
La ministra también destacó que ha cumplido con todas las obligaciones legales de declaración de bienes, rentas y parentesco a través del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP), conforme a la Ley 2013 de 2019 y el Decreto 830 de 2021, registros que —aseguró— son públicos y están disponibles para la ciudadanía.
El contexto y el debate institucional
Esta nueva controversia se produce en un escenario donde recientemente también se conocieron cuestionamientos por contratos del hermano de la ministra con entidades estatales. En esa oportunidad, Kadamani igualmente negó cualquier irregularidad y defendió la legalidad de los procesos.
El caso reabre una discusión fundamental sobre los límites entre la legalidad formal y la interpretación ética en materia de contratación pública cuando existen vínculos familiares con altos funcionarios del Estado. Mientras la ministra insiste en que no existe restricción legal ni conflicto de interés, las acusaciones políticas mantienen vivo el debate público.
Hasta el momento, no se ha anunciado la apertura formal de una investigación por parte de organismos de control, pero la situación ha generado expectativa sobre posibles verificaciones adicionales de los contratos mencionados y eventuales actuaciones de las entidades competentes en materia de transparencia y ética pública.
