El contrato de pasaportes: una transformación estratégica para Colombia
La elaboración de los pasaportes colombianos representa actualmente la entrada a una nueva etapa de soberanía digital, fortalecimiento institucional y libre competencia. Este proceso disruptivo ha generado diversas suspicacias entre quienes defienden el antiguo modelo, controlado por una multinacional, y se resisten a los cambios estructurales que implica esta transición.
De debate técnico a confrontación institucional
La discusión sobre el nuevo modelo de pasaportes en Colombia ha trascendido lo técnico para convertirse en un debate jurídico, institucional y político que aborda temas sensibles como la soberanía de datos, el fortalecimiento del Estado, la cooperación internacional y la libre competencia. Más allá del ruido mediático generado por los opositores al proceso, existe una hoja de ruta concreta que incluye:
- Fases definidas de implementación
- Instrumentos jurídicos formalmente firmados
- Procesos judiciales en etapa preliminar
Es fundamental comprender que se trata de la garantía de un derecho fundamental y no de un simple trámite administrativo. La Corte Constitucional, en la Sentencia T-156 del 2 de mayo de 2025, estableció que el pasaporte es un documento indispensable para ejercer derechos fundamentales como la libre locomoción y la unidad familiar. Esta posición fue reforzada por la Ley 2136 de 2021, que consagró el derecho de todos los colombianos, tanto dentro como fuera del país, a obtener este documento.
Exigencias técnicas y marco internacional
Colombia, como Estado miembro de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), debe cumplir con los estándares establecidos en el Documento 9303 sobre pasaportes electrónicos y lectura mecánica. Desde septiembre de 2015, el país expide pasaportes electrónicos biométricos, y la propia OACI recomienda que estos documentos no excedan un periodo de validez de diez años. El cambio de modelo responde, por tanto, a exigencias de actualización tecnológica y de seguridad internacional, no a decisiones arbitrarias.
El proceso de transición y cooperación internacional
El proceso de transición comenzó formalmente en julio de 2024, cuando la Cancillería invitó a gobiernos y entidades productoras de pasaportes a presentar propuestas de cooperación técnica. Se recibieron ofertas de seis países:
- Alemania
- Austria
- Canadá
- Países Bajos
- Polonia
- Portugal
Tras una evaluación exhaustiva por parte del comité de contratación, se seleccionó a Portugal como cooperante estratégico. El 2 de octubre de 2024, ambos gobiernos firmaron un Memorando de Entendimiento, y posteriormente el Consejo de Ministros portugués autorizó formalmente a la Imprensa Nacional-Casa da Moneda para representar al Estado portugués en el proyecto. Este esquema no corresponde a una contratación privada tradicional, sino a un modelo de cooperación entre Estados, caracterizado por su transparencia institucional.
Estructuración por fases y transferencia tecnológica
El modelo fue estructurado en fases progresivas que incluyen:
- Capacitación para personalización en Colombia y creación de un stock mínimo
- Armado y numeración local de libretas
- Impresión de páginas interiores y contra carátulas
- Producción completa de páginas de datos
El horizonte establece una transferencia tecnológica plena en un periodo de diez años, con infraestructura y capacidades instaladas permanentemente en territorio colombiano. Uno de los elementos más relevantes, aunque menos visible en el debate público, es la propiedad intelectual: el convenio establece que, al término del proceso, los derechos sobre los productos desarrollados serán de las entidades colombianas, a diferencia del modelo anterior donde esa propiedad recaía en el operador privado.
Desarrollo contractual y aspectos jurídicos
En enero de 2026 se firmó el Contrato Interadministrativo CI005-2026, mediante el cual la Imprenta Nacional de Colombia asumió la producción, personalización, custodia y distribución de las libretas. Aunque la ley no obliga a exigir garantías en contratos interadministrativos, la Cancillería decidió incorporarlas como medida de precaución. Inicialmente, aseguradoras privadas negaron la expedición de pólizas, por lo que finalmente se estructuró el esquema con la aseguradora pública La Previsora, tras un análisis técnico de riesgos exhaustivo.
Frentes judiciales y controversias
El proceso enfrenta actualmente dos frentes judiciales principales:
- Una controversia contractual promovida por la Procuraduría General de la Nación, que solicita la nulidad del convenio tripartito
- Una acción popular presentada por un ciudadano
Ambos casos se encuentran en etapa inicial. En la acción popular se han presentado siete coadyuvancias a favor de las entidades demandadas y dos a favor de los accionantes, estando pendiente la decisión sobre la medida cautelar solicitada. Hasta el momento, no existe orden de suspensión del proceso de transición.
Debate estratégico: soberanía de datos versus dependencia
Los críticos del nuevo modelo cuestionan principalmente la ausencia de licitación pública y la capacidad técnica inicial de la Imprenta Nacional. Sin embargo, los defensores sostienen que la contratación interadministrativa está respaldada por la Ley 109 de 1994, la Ley 489 de 1998 y la jurisprudencia constitucional, y que el convenio con Portugal se ampara en el parágrafo del artículo 20 de la Ley 1150 de 2007, que permite acuerdos con personas extranjeras de derecho público bajo sus propias reglas.
El núcleo del debate trasciende los aspectos procesales: durante más de veinte años, la información biométrica de millones de colombianos estuvo bajo un esquema privado. El nuevo modelo busca que esa custodia repose en servidores estatales, en instalaciones verificables de la Imprenta Nacional. En una era donde los datos representan poder estratégico, esta decisión adquiere dimensiones fundamentales para la soberanía nacional.
Riesgos y perspectivas futuras
El proyecto se encuentra actualmente en ejecución, con cronograma y transferencia tecnológica en curso. Si eventualmente se decretara una suspensión judicial, el riesgo advertido sería la afectación directa en la expedición del documento y, consecuentemente, en el ejercicio del derecho a la libre movilidad de los ciudadanos colombianos.
La discusión continuará en los tribunales, pero el país enfrenta una definición más profunda que la nulidad de un convenio o la validez de un contrato. Colombia está decidiendo si consolida una capacidad pública estratégica en documentos de seguridad o si mantiene una dependencia estructural de terceros internacionales.
En tiempos donde identidad digital, seguridad y soberanía son temas centrales del debate global, la pregunta fundamental no es solo jurídica. Es política, institucional y de futuro: ¿quién debe producir y custodiar el documento que acredita nuestra identidad ante el mundo? Los colombianos tienen hoy un nuevo pasaporte que garantiza la soberanía nacional y la protección de derechos fundamentales, posicionando al país con uno de los documentos de viaje más seguros y avanzados tecnológicamente a nivel internacional.
