Paloma Valencia promete retomar glifosato mientras JEP revela su uso como arma de guerra
La candidata presidencial Paloma Valencia ha sido categórica en su postura sobre el controvertido tema de la aspersión con glifosato. Desde uno de los epicentros del antiguo Plan Colombia en el sur del país, declaró sin ambages: "Yo voy a trabajar con el gobernador de Nariño, así sea petrista", dejando claro que su agenda incluye el retorno de esta polémica práctica.
Una promesa directa que supera incluso a Duque
Sobre el posible regreso de la fumigación aérea con glifosato, la hija política de Álvaro Uribe ha sido incluso más directa que el expresidente Iván Duque, quien hizo esfuerzos considerables por reinstaurarla durante su mandato. Valencia afirma que el glifosato volverá porque volverá, asegurando que se implementará "sin afectar la salud ni los ecosistemas". Además, anuncia que "le llegó la hora a las consultas previas", un anuncio que genera preocupación entre comunidades étnicas.
La JEP revela el glifosato como instrumento de violencia
Mientras Valencia hace estas declaraciones, conceptos recientes de la Jurisdicción Especial para la Paz pintan un panorama completamente diferente. Un auto de Determinación de Hechos y Conductas dentro del Caso 02, relacionado con Tumaco, Ricaurte y Barbacoas, determinó que entre 2002 y 2013 la aspersión aérea fue mucho más que una estrategia antinarcóticos: fue un instrumento de violencia sistemática.
Según la decisión judicial, el glifosato no solo secó la hoja de coca, sino que arrasó con:
- La seguridad alimentaria de pueblos indígenas Awá y Eperara Siapidara
- La subsistencia del pueblo negro de Nariño
- Sus fuentes de agua vitales
- Sus sitios sagrados y culturales
- Sus animales y medios de vida tradicionales
Derechos vulnerados y ecocidio silenciado
La JEP documentó cómo durante la aspersión aérea con glifosato el derecho a la consulta previa fue ignorado sistemáticamente. Peor aún, los territorios étnicos fueron tratados como objetivos de guerra, con una estigmatización que vinculaba a los pueblos asperjados con grupos armados hasta justificar el control militar de sus territorios.
Sobre los impactos en la salud, aunque se han documentado efectos potencialmente cancerígenos desde que terminaron las aspersiones, poco se habla de las reparaciones estatales, que no superaron el 2% de lo necesario. Aunque no aparece la palabra en los documentos oficiales, las comunidades afectadas vivieron lo que califican como un ecocidio en el sur del país.
El precedente internacional y la contradicción actual
En 2008, Ecuador demandó a Colombia ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya por las fumigaciones con glifosato en la frontera. La querella, disponible públicamente, incluye datos, razones, testimonios y hasta dibujos infantiles de quienes sufrieron el poderío aéreo de las avionetas. El caso terminó en 2013 con un acuerdo donde Colombia pagó 15 millones de dólares y aceptó restringir las aspersiones cerca del límite fronterizo.
Paradójicamente, el gobierno del presidente Gustavo Petro ha decidido retomar el uso del glifosato, aunque sea terrestre o con drones, supuestamente más controlado. Esta decisión contrasta con su discurso sobre el derecho a la vida y la protección de la biodiversidad que tanto prometió defender.
Un futuro incierto y promesas políticas
Falta saber si figuras como Iván Cepeda darán seguimiento a lo que muchos consideran un despropósito. Mientras tanto, Paloma Valencia insiste: "Y voy a trabajar con todos los alcaldes de Nariño sin que me importe su filiación política. Porque yo lo que quiero es ser presidenta para todos los colombianos". Sus palabras resuenan como un eco de otro Plan Colombia, pero con consecuencias que la JEP ya ha documentado como devastadoras para las comunidades más vulnerables del país.
