Nuevo modelo de pasaportes colombianos arranca con sombras legales y financieras
Este miércoles 1 de abril entró en vigencia el nuevo modelo de pasaportes en Colombia, un cambio significativo donde el Estado asume directamente la fabricación, personalización y entrega de este documento esencial para los ciudadanos. Sin embargo, este inicio está marcado por una profunda incertidumbre debido a obstáculos jurídicos y financieros que rodean el contrato que respalda el proceso.
Transición problemática hacia la fabricación nacional
Actualmente, la impresión de los pasaportes se realiza en la Casa de la Moneda de Portugal, pero el plan gubernamental establece que, dentro de una década, la Imprenta Nacional de Colombia será la encargada completa del proceso. Esta transición, sin embargo, enfrenta serias dudas sobre su viabilidad tanto legal como económica.
En las últimas semanas, el contrato tripartito entre la Cancillería colombiana, la Casa de la Moneda de Portugal y la Imprenta Nacional tuvo que ser modificado en dos ocasiones consecutivas. La razón fundamental de estos ajustes fue la negativa de todas las aseguradoras privadas consultadas para asumir el riesgo del proyecto, dejando al acuerdo sin las garantías de cumplimiento que exige la normativa vigente.
Este vacío en las coberturas genera preocupaciones sustanciales sobre la seguridad jurídica durante la fase inicial del proceso, según confirmó Viviana León, gerente de la Imprenta Nacional, en declaraciones a medios de comunicación.
Demanda de la Procuraduría y cuestionamientos millonarios
Al ya complejo panorama se suma una demanda interpuesta por la Procuraduría General de la Nación, que busca detener las transferencias económicas hacia Portugal. El organismo de control cuestiona específicamente un desembolso superior a 1,3 billones de pesos por parte de la Cancillería, argumentando lo que califica como una "deficiente estructuración económica del convenio".
Pese a esta acción legal, el Gobierno Nacional logró suspender temporalmente la notificación que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca enviaría a las autoridades portuguesas. La defensa gubernamental sostiene que dicho tribunal carece de competencia para conocer el caso, ya que el contrato establece claramente que cualquier controversia debe resolverse mediante un tribunal de arbitramento internacional.
Adicionalmente, el Ejecutivo argumenta que no se cumplió con el requisito previo de conciliación extrajudicial ante el Ministerio Público, lo que, según su posición, debilita considerablemente la validez del proceso judicial actualmente en curso.
Incertidumbre persistente en un servicio esencial
En este contexto, el inicio del nuevo modelo de pasaportes queda marcado por interrogantes que persisten mientras avanzan los trámites legales y se continúan ajustando los términos contractuales. Las dudas sobre la solidez del acuerdo y su impacto directo en la prestación de este servicio esencial para los ciudadanos colombianos permanecen sin respuestas claras.
La situación refleja los desafíos que enfrenta la administración pública al intentar internalizar procesos críticos, especialmente cuando involucran alianzas internacionales y montos financieros significativos. Los próximos meses serán cruciales para determinar si este proyecto logra consolidarse o si los obstáculos actuales terminan por afectar su implementación definitiva.
