Perú consolida una década de remociones presidenciales aceleradas
El Congreso de la República del Perú ha vuelto a cambiar de jefe de Estado tras la remoción de José Jerí por decisión legislativa, en medio de una investigación fiscal que aún se encuentra en etapa preliminar. Con este relevo, el país andino consolida una secuencia preocupante de presidentes que abandonan el poder antes de tiempo, transformando el recambio en una rutina institucional que refleja profundas tensiones políticas.
Una década de salidas anticipadas: el patrón que se repite
El ciclo de inestabilidad presidencial se remonta a 2016, cuando Pedro Pablo Kuczynski renunció en 2018 mientras el Congreso avanzaba hacia una votación de destitución. Posteriormente, Martín Vizcarra fue removido en 2020, dejando brevemente el poder a Manuel Merino y luego a Francisco Sagasti para cerrar el periodo constitucional.
Más recientemente, Pedro Castillo fue destituido en 2022 tras anunciar la disolución del Congreso, dando paso a Dina Boluarte, quien también fue removida en 2025. Jerí llegó como figura de transición y salió apenas cuatro meses después, evidenciando un patrón constante: presidentes sin base sólida frente a un Congreso con llave de salida rápida.
El motor institucional: una causal constitucional amplia
La Constitución peruana permite que el Congreso declare vacante la Presidencia por "incapacidad moral o física permanente". Esta redacción amplia deja un margen político considerable para convertir la "incapacidad moral" en una herramienta de remoción cuando el presidente pierde apoyos legislativos o queda cercado por escándalos.
La consecuencia es un incentivo claro: en un choque entre Ejecutivo y Legislativo, la vacancia deja de ser un evento excepcional y se vuelve una amenaza presente, útil para disciplinar, negociar o tumbar gobiernos. Esta herramienta institucional se ha activado repetidamente en la última década, creando un ciclo de inestabilidad política.
Fragmentación, escándalos y presión social como aceleradores
La norma constitucional por sí sola no explica completamente este fenómeno. Un Congreso fragmentado hace que el presidente gobierne con alianzas frágiles y temporales. Cuando esa mayoría se rompe, la salida queda servida porque el mecanismo está disponible y probado.
A este factor se suma el combustible de los escándalos políticos y judiciales. En el caso específico de Jerí, la remoción se apoyó en una investigación preliminar y en la interpretación congresional de la causal de "incapacidad moral". Perú muestra un precedente reciente donde renuncias y destituciones se encadenan cuando el gobierno pierde legitimidad tanto en el Congreso como en las calles simultáneamente.
Colombia observa con un diseño institucional diferente
En Colombia no existe un atajo funcional equivalente a la "incapacidad moral" peruana. La salida anticipada de un presidente por vía institucional pasa exclusivamente por un juicio político con dos etapas claramente definidas:
- La Cámara de Representantes formula la acusación formal
- El Senado conoce el caso y decide sobre la destitución
Este diseño eleva significativamente los costos políticos y el umbral requerido para remover al jefe de Estado. La consecuencia práctica es evidente: la rotación exprés no está al alcance de una mayoría coyuntural en el Congreso colombiano.
El "espejo" real para el sistema político colombiano
La comparación útil entre ambos países no se centra en la cifra de "ocho presidentes en diez años", sino en analizar qué sucede cuando el Ejecutivo se queda sin mayoría legislativa y el Legislativo se convierte en el centro de la decisión política.
Perú muestra un sistema donde la herramienta de remoción está inmediatamente disponible y se utiliza con frecuencia. Colombia, con su diseño constitucional, desplaza el conflicto a otros terrenos:
- Coaliciones de gobierno que se rompen constantemente
- Reformas legislativas que se estancan en el Congreso
- Choques entre poderes que migran al ámbito judicial
- Una gobernabilidad que se vuelve de supervivencia diaria
El riesgo para Colombia no es el mismo desenlace peruano, sino el mismo síntoma: reglas institucionales llevadas al límite cuando la política se queda sin acuerdos básicos. Ambos países, desde diseños diferentes, enfrentan desafíos similares de polarización y fragmentación política que tensionan sus sistemas democráticos.
