Las amenazas presidenciales sobre alcaldes generan polémica constitucional
La hostilidad del presidente Gustavo Petro hacia quienes presentan reclamaciones válidas quedó nuevamente en evidencia durante el consejo de ministros del lunes pasado. Sus declaraciones sobre el paro por el aumento de los prediales y el avalúo catastral demostraron no solo su conocida impulsividad, sino una grave falta de reflexión sobre la responsabilidad que su propio Gobierno tiene en esta crisis que pudo evitarse con mejor coordinación entre la Nación y las entidades territoriales.
El costo económico del paro y la respuesta presidencial
Al cierre de esta edición, se completaba el sexto día de un paro que ha paralizado vías importantes en Boyacá, Santander, Norte de Santander, Caquetá, Cesar y el Magdalena Medio. Los costos económicos son exorbitantes:
- En Santander se estiman pérdidas de 40.000 millones de pesos diarios
- Fenalco reporta pérdidas acumuladas por 120.000 millones de pesos
En lugar de buscar soluciones, el presidente optó por estigmatizar: "Le solicito a la militancia uribista que organizó el paro retirarse", declaró, atribuyendo la protesta exclusivamente a la oposición política como si en Colombia no existiera el derecho constitucional a manifestarse.
Las amenazas inconstitucionales contra alcaldes
Pero lo más grave fueron sus amenazas contra los alcaldes. Después de argumentar que "los terratenientes no quieren pagar impuestos", Petro afirmó: "los alcaldes que no presenten las iniciativas de acuerdo, alteran el orden público y salen de inmediato de su cargo por orden mía". En el consejo de ministros fue más allá: "Y si hay que llevar presos a los alcaldes, los hacemos llevar, no por orden nuestra, porque es de la justicia y del contralor".
Estas declaraciones revelan un preocupante desconocimiento constitucional. ¿Desde cuándo el presidente de la República puede dictar lo que los alcaldes deben hacer y, peor aún, removerlos de su cargo con una simple orden? Pareciera que nuestro mandatario se quedó en la Constitución de 1886, anterior a la elección popular de alcaldes.
La raíz del problema: el avalúo catastral nacional
El presidente está desinformando sobre el mecanismo de aumento de prediales. Sí es cierto que los aumentos son determinados por los concejos municipales en coordinación con los alcaldes, pero la tarifa del predial -que por ley no puede aumentar más del 50% de un año a otro- depende directamente del avalúo catastral realizado por el Gobierno Nacional a través del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).
Las protestas surgieron precisamente porque la administración Petro actualizó el catastro, algo necesario pero ejecutado de manera descuidada y con errores. Como explicó Berceli Guerrero, habitante de Moniquirá: "Nos están convirtiendo en unos ricos de papel, esa es la realidad... Son minifundios, ¿cómo puede una persona con 2.000 o 3.000 metros producir para pagar? Si no tienen para comer, mucho menos para pagar".
La necesidad de diálogo en lugar de amenazas
Estas son las personas que el Gobierno Nacional no ha escuchado por estar peleando con alcaldías y concejos. Aunque posteriormente el presidente ha intentado matizar sus declaraciones, consciente de su error, sus arrebatos autoritarios no pasan desapercibidos y generan grave preocupación institucional.
Este problema, señor presidente, se corrige dialogando, aceptando los errores en el ámbito nacional y coordinando efectivamente con los entes territoriales. La pregunta que queda en el aire es: ¿existe realmente voluntad para hacerlo, o preferirá continuar con estrategias de confrontación que solo profundizan las crisis?
Lo que comenzó como una discusión técnica sobre mecanismos tributarios se ha convertido en una pelea política más, con amenazas de abuso de poder que ponen en riesgo el equilibrio institucional del país.
