Enfrentamiento político se intensifica tras tragedia aérea en Putumayo
Mientras Medicina Legal continúa con el proceso de identificación de las 69 víctimas fatales del accidente del avión Hércules en Puerto Leguízamo, Putumayo, el presidente Gustavo Petro persiste en su estrategia de atribuir responsabilidades externas a la catástrofe, generando un choque frontal con sectores de oposición y con las propias explicaciones técnicas de las Fuerzas Militares.
Discrepancias técnicas sobre la vida útil del avión
El mandatario colombiano ha insistido en que no existe en el mundo un avión con 58 años de vida útil, argumentando mediante complejos cálculos matemáticos que la aeronave siniestrada habría superado ampliamente su tiempo de operación segura. Sin embargo, esta posición ha encontrado un contrapeso técnico significativo en las declaraciones del comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, general Carlos Fernando Silva Rueda.
Durante el consejo de ministros, el alto oficial militar matizó las afirmaciones presidenciales, señalando que aunque el Hércules fue fabricado en 1983 en Estados Unidos, aún contaba con aproximadamente 20.000 horas operativas disponibles, lo que equivaldría a cerca de 40 años más de vida útil bajo parámetros de mantenimiento adecuados.
La oposición acusa manipulación política de la tragedia
La senadora Angélica Lozano de la Alianza Verde ironizó sobre la situación señalando que "el presidente le enseña de aviones al comandante de la Fuerza Aérea que lleva casi 40 años como piloto". Analistas políticos interpretan que detrás de estos argumentos, Petro busca trazar una línea divisoria que deslinde a su administración de responsabilidades, especialmente a pocos meses de cumplir cuatro años de gobierno.
El exministro de Defensa Diego Molano, quien sirvió bajo el gobierno de Iván Duque, cuestionó duramente la coherencia del discurso presidencial: "El presidente Petro usa la tragedia del Hércules para hacer política. Dice que eran 'aviones de chatarra', pero omite que el convenio era por 6 aviones: 3 los recibió Duque y 3 su gobierno. Si eran chatarra, ¿por qué los recibió?".
Debate sobre modernización de las Fuerzas Armadas
Molano también reveló que el gobierno anterior había estructurado un CONPES con proyección cercana a los 9 billones de pesos para el fortalecimiento del sistema de defensa aérea, pero que la actual administración lo habría "desechado por ideología política". En respuesta, durante el consejo de ministros, Petro atribuyó retrasos en la modernización de las Fuerzas Armadas a supuestas demoras de la directora de Planeación, Natalia Irene Molina, asegurando que había dado la orden de cambiar los Hércules "hace más de un año".
Control político y accidentes aéreos recurrentes
La oposición ha intensificado su presión sobre el gobierno, con Cambio Radical exigiendo que "no más excusas, señor Petro. Asuma su responsabilidad". Paralelamente, representantes de la Comisión Segunda radicaron una proposición de debate de control político para examinar las condiciones de seguridad, mantenimiento y operación de la flota aérea de la Fuerza Pública.
La representante Carolina Arbeláez, una de las impulsoras del debate, reveló cifras alarmantes: durante el actual gobierno se han registrado más de 13 accidentes aéreos con al menos 103 miembros de la Fuerza Pública fallecidos. Entre los casos más destacados se encuentran:
- El ataque del 21 de agosto de 2025 en Amalfi, Antioquia, con 13 uniformados muertos
- El accidente del 29 de septiembre de 2024 en Cumaribo, Vichada, con ocho soldados fallecidos
- El siniestro del 29 de abril de 2024 en Santa Rosa del Sur, Bolívar, con nueve militares muertos
- El accidente del 5 de febrero de 2024 en Carepa, Antioquia, con cuatro uniformados fallecidos
- El incidente del 3 de octubre de 2023 en Cali, con dos tripulantes muertos
Contexto de confrontación política
Esta confrontación se desarrolla en un escenario gubernamental que, si bien ha mejorado las condiciones laborales de la Fuerza Pública, también ha enfrentado cuestionamientos constantes sobre el presupuesto y la logística destinados a estas instituciones. La tragedia de Puerto Leguízamo ha devenido en un campo de batalla político donde se disputan narrativas sobre responsabilidades, capacidad de gestión y prioridades de seguridad nacional, todo ello en el marco de un año electoral donde las posiciones se radicalizan y los discursos se cargan de implicaciones políticas trascendentales.
