Polémica nacional por megaproyecto en Cartagena
El presidente Gustavo Petro ha desatado un intenso debate político y social al cuestionar públicamente el ambicioso proyecto '4 en 1 Bocagrande y Castillogrande', una obra valorada en 168 mil millones de pesos que busca resolver las inundaciones crónicas en los sectores más emblemáticos de Cartagena. La crítica presidencial, realizada a través de sus redes sociales, ha generado un choque directo con la administración del alcalde Dumek Turbay, quien defiende el megaproyecto como una solución definitiva para los problemas hidráulicos de la ciudad.
El proyecto que divide opiniones
La iniciativa presentada por la Alcaldía de Cartagena integra cuatro componentes fundamentales: una solución hidráulica contra inundaciones mediante tanques de tormenta y estaciones de bombeo, la modernización de 2,5 kilómetros de la Avenida Chile, la ampliación del paseo peatonal de la bahía y la revitalización de parques estratégicos como Navas, Coral Gables y La Concha. Según las autoridades locales, este plan no solo aborda problemas de infraestructura tradicional, sino que representa una respuesta técnica y a largo plazo al cambio climático, combinando ingeniería hidráulica avanzada con urbanismo sostenible.
El proyecto, que se ejecutaría en dos fases con entrega proyectada para 2027, busca enfrentar dos fenómenos paralelos que afectan regularmente a Cartagena: las altas mareas que inundan las calles de Bocagrande y las lluvias intensas que convierten las vías en canales temporales, impactando negativamente la movilidad, el comercio y la vida diaria de residentes y turistas por igual.
La crítica presidencial y sus repercusiones
El mensaje del presidente Petro ha provocado una fuerte respuesta de diversos sectores cartageneros. Líderes políticos, empresarios del sector turístico y representantes comunitarios consideran que este tipo de obras son esenciales para la competitividad y sostenibilidad de Cartagena como destino internacional. Desde la Alcaldía, los defensores del proyecto argumentan que representa una inversión estratégica que no solo protege activos residenciales y comerciales de alto valor, sino que genera empleo local y dinamiza la economía regional.
Sin embargo, quienes respaldan la posición del presidente subrayan que, en un contexto de recursos públicos limitados y múltiples necesidades sociales en otras regiones afectadas por emergencias, priorizar estos gastos requiere un análisis más amplio sobre equidad y retorno social de inversión. Este debate pone sobre la mesa preguntas fundamentales sobre cómo se toman decisiones de infraestructura en Colombia y cómo se equilibran los intereses locales con las directrices nacionales.
Implicaciones económicas y políticas
Más allá del debate político, el proyecto de Bocagrande representa un ejercicio de planificación urbana con implicaciones económicas considerables. Los defensores señalan que, además de mitigar las inundaciones en una de las áreas más transitadas de la ciudad, podría generar empleo local en construcción, servicios y turismo, atrayendo inversiones destinadas a mejorar la experiencia urbana y costera de Cartagena.
Los analistas políticos observan que esta controversia podría convertirse en un punto de referencia para futuras negociaciones y alianzas entre gobiernos locales y el Ejecutivo central, especialmente en un año político crucial para Colombia por las elecciones legislativas y presidenciales en marcha. La polarización sobre este tipo de proyectos revela tensiones más profundas sobre quién decide el rumbo del desarrollo urbano y ambiental en las principales ciudades del país.
En este contexto, Cartagena se convierte en un laboratorio político y técnico donde la gestión de infraestructura se entrelaza con la gestión pública nacional, con consecuencias potenciales para la gobernanza y las políticas de adaptación al cambio climático en Colombia. El debate continúa abierto, enfrentando visiones diferentes sobre cómo abordar los desafíos climáticos, sociales y económicos que enfrenta la nación.
