Presidente Petro cuestiona conexiones políticas en medio de tensión institucional
Durante la sesión del Consejo de Ministros celebrada el martes 10 de febrero en Montería, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, generó sorpresa al formular una pregunta directa que fue transmitida por la señal oficial de la Presidencia de la República. En medio de la reunión ministerial, el mandatario interrogó: "¿Hay una relación política entre De la Espriella y el marido de la fiscal general?".
Esta intervención se produjo en un contexto de creciente tensión institucional entre el Ejecutivo, la Fiscalía General de la Nación y diversas figuras del ámbito político y judicial. La pregunta del presidente no fue un hecho aislado, sino que formó parte de un cuestionamiento más amplio sobre la transparencia y la imparcialidad en la investigación de asuntos de interés nacional.
Denuncias sobre irregularidades en tarifas eléctricas de Urrá
El presidente Petro no se limitó a cuestionar posibles conexiones políticas, sino que también abordó el manejo de la hidroeléctrica Urrá en la región Caribe. El mandatario señaló presuntas irregularidades en la fijación de tarifas de energía que, según su perspectiva, afectan negativamente a toda la cadena productiva y social de la zona costera.
"A toda la sociedad, a toda la economía, desde el más alto asalariado, el más grande empresario productivo hasta el panadero y hasta el campesino que usa energía eléctrica, por eso la energía eléctrica de la Costa es tan cara", afirmó Petro durante su intervención.
El jefe de Estado expuso que la política tarifaria de la hidroeléctrica mantiene los precios de la energía a niveles similares a los de las plantas termoeléctricas, lo que genera, a su juicio, ganancias injustificadas y perjudica directamente a los usuarios finales. Petro fue contundente al calificar esta situación: "esa gran diferencia de multiplicar por 10 los costos y volverlos a utilidad excedente, no se llama ganancia, se llama económicamente renta. Pero si vamos al lenguaje popular, se llama estafa y robo".
Falta de cumplimiento de órdenes presidenciales
El presidente reveló que había emitido una orden para modificar la fórmula tarifaria hace aproximadamente cuatro meses, pero que esta instrucción no se cumplió. Según sus declaraciones, el gerente de Urrá abandonó su cargo y la situación permaneció sin cambios sustanciales.
En este contexto específico, Petro dirigió su atención hacia la Fiscalía General de la Nación y hacia la figura del abogado costeño Abelardo de la Espriella: "Es la fiscal amiga De la Espriella la que tiene que resolverlo y De la Espriella está metido en ese pastel". Esta afirmación conectó directamente con su pregunta inicial sobre posibles vínculos entre el abogado y el entorno familiar de la fiscal general Luz Adriana Camargo.
Comunicado de Colombia Humana y denuncias previas
La intervención presidencial se produjo en un ambiente institucional ya enrarecido por las recientes denuncias de Colombia Humana, el partido político fundado y liderado por el propio presidente Petro. El 9 de febrero de 2026, la colectividad política publicó un comunicado oficial en el que denunciaba la existencia de una presunta estrategia para iniciar procesos judiciales contra miembros del actual Gobierno.
Según el documento de Colombia Humana, una denuncia anónima advertía sobre "una presunta alianza entre altas esferas de la Fiscalía y el abogado Abelardo de la Espriella" con el objetivo específico de impulsar acciones judiciales que afectarían directamente a funcionarios cercanos al presidente Petro.
El comunicado solicitaba formalmente a las autoridades competentes:
- Abrir una investigación exhaustiva sobre estas denuncias
- Aclarar ante la opinión pública si existe algún vínculo entre el cónyuge de la fiscal general y el abogado mencionado
- Investigar la posibilidad de que este posible vínculo buscara montar "falsos positivos judiciales para encarcelar miembros del Gobierno"
Llamado a la movilización ciudadana
Durante su intervención en el Consejo de Ministros, el presidente Petro enfatizó la necesidad de que la sociedad civil se mantenga atenta y movilizada frente a lo que calificó como un posible "robo" en el manejo de la energía en la Costa Caribe. El mandatario instó específicamente a la población de Montería y de toda la región a organizar manifestaciones para exigir una solución definitiva a la problemática de las tarifas eléctricas y a la presunta falta de acción institucional.
"Nosotros no dejamos así las cosas. Y es con el pueblo en las calles; está atontada un poco por la situación la población de Montería, convoquen ya manifestación, porque esto no es para permitir más robo", expresó con vehemencia el presidente Petro durante la sesión ministerial transmitida oficialmente.
Contexto de tensión institucional creciente
Este episodio se enmarca en un período de relaciones complejas entre el Gobierno nacional y la Fiscalía General de la Nación. Las preguntas planteadas por el presidente Petro durante el Consejo de Ministros reflejan preocupaciones más amplias sobre:
- La transparencia en las investigaciones judiciales
- La independencia de los organismos de control
- Los posibles conflictos de interés en casos de alto impacto nacional
- La efectividad de las políticas energéticas en regiones específicas del país
La sesión ministerial en Montería dejó en evidencia las tensiones existentes y planteó interrogantes significativos sobre la dinámica entre los diferentes poderes del Estado colombiano, particularmente en lo relacionado con la investigación de asuntos que involucran tanto a funcionarios públicos como a figuras del sector privado vinculadas al sector energético.
