Declaración presidencial ante la Corte Suprema sobre el escándalo de la UNGRD
El presidente de la República, Gustavo Petro, rindió testimonio ante la Corte Suprema de Justicia en el marco de la investigación por el saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Su declaración jurada, entregada el 6 de febrero de 2025, constituye uno de los elementos probatorios fundamentales en el proceso judicial contra cinco congresistas y un excongresista de la Comisión de Crédito Público.
Detención de congresistas y contexto del testimonio
La Corte Suprema ordenó la prisión preventiva del senador electo por el Partido Conservador, Wadith Manzur, y de la representante a la Cámara por las curules de paz, Karen Manrique. Ambos políticos se entregaron voluntariamente a las autoridades ante el riesgo de que pudieran interferir en las investigaciones en su contra. La medida cautelar busca garantizar el normal desarrollo del proceso por el desfalco a la UNGRD.
El testimonio del primer mandatario fue solicitado tras una publicación en la red social X (anteriormente Twitter) del 30 de noviembre de 2024, donde Petro se refirió a una presunta trampa contra el entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y a una supuesta actitud extorsiva de algunos miembros del Congreso.
Contenido de la declaración presidencial
En su declaración jurada, el presidente Petro explicó que la mencionada trampa correspondería a presiones indebidas por parte de senadores y representantes que exigirían cargos burocráticos (mermelada) a cambio de aprobar créditos. Estos recursos, según el mandatario, no estarían destinados a inversión pública sino a cubrir deuda estatal.
El jefe de Estado también se refirió a comportamientos extorsivos de ciertos congresistas, aunque sin identificar personas o situaciones específicas. Petro afirmó que, por su trayectoria política, conoce que en la relación entre el Congreso y el Ejecutivo cada poder presiona por sus intereses. No obstante, reiteró que su política de gobierno ha sido proscribir el uso de esas prácticas.
Desconocimiento de negociaciones ilegales
El presidente aseguró bajo juramento que nunca tuvo conocimiento de negociaciones ilegales entre 2022 y 2023, con la excepción de conversaciones legítimas entre parlamentarios y enlaces gubernamentales para discutir proyectos en beneficio de las regiones. Esta orden de abstenerse de prácticas corruptas, según Petro, fue incumplida por altos funcionarios de su gabinete.
De manera enfática, el mandatario declaró que nunca supo que sus ministros del Interior y de Hacienda, Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla —actualmente privados de la libertad por su participación en este escándalo—, utilizaran fondos de cofinanciación o cupos indicativos para comprar votos de congresistas en la aprobación de créditos y proyectos legislativos.
Segunda declaración y consistencia del testimonio
El expediente judicial incluye otra declaración jurada del presidente Petro, rendida el 4 de septiembre de 2024, donde nuevamente manifestó desconocer presuntos actos de corrupción de funcionarios de su círculo cercano. En dicha oportunidad, reafirmó que la orden impartida a su gobierno ha sido no repartir mermelada, cargos burocráticos ni contratos para facilitar el trámite de sus proyectos en el Congreso.
La consistencia entre ambas declaraciones juradas del presidente fortalece su posición de ausencia de conocimiento sobre las irregularidades que llevaron al saqueo de la UNGRD, mientras la Corte Suprema continúa avanzando en el proceso contra los congresistas implicados.
