Presidente Petro defiende decreto de salario mínimo tras suspensión judicial
El presidente Gustavo Petro se pronunció este jueves sobre la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el decreto que establece un aumento del 23% en el salario mínimo para el año 2026. El mandatario defendió la orden presidencial emitida el 29 de diciembre, insistiendo en que fue realizada bajo los mandatos constitucionales.
Defensa constitucional del decreto salarial
En un extenso mensaje en redes sociales, Petro afirmó: "El decreto de salario vital es ordenado por la constitución. Y el decreto ya expedido tiene todos los criterios económicos que se han reflejado en él". El presidente dejó claro que mantendrá la cifra fijada a finales de 2025 para el incremento salarial, señalando que respetará la decisión judicial pero actuará conforme a la Carta Magna.
El alto tribunal, que recibió aproximadamente 30 demandas contra el incremento decretado por el Ejecutivo, ordenó expedir un nuevo decreto que fije un porcentaje transitorio de aumento. La decisión judicial establece que el decreto de diciembre no se basó en los parámetros técnicos exigidos por la ley.
Reacción del ministro del Interior
Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que la decisión del Consejo de Estado fue influenciada por las élites económicas del país. "Las élites que tienen influencia en el Congreso y las altas cortes no quieren ayudar a los menos favorecidos de Colombia. Para mí es una decisión política antes que cualquier otra cosa", declaró el jefe de la cartera política.
Benedetti añadió que en las próximas semanas se verá claramente quiénes están a favor de los menos favorecidos y quiénes respaldan los intereses de las élites dominantes.
Detalles de la decisión judicial
El Consejo de Estado ordenó específicamente que, dentro de los ocho días calendario siguientes a la notificación, las entidades demandadas deben expedir y publicar un nuevo decreto que fije el porcentaje transitorio de aumento del salario mínimo legal para 2026. Este valor regirá hasta que se dicte sentencia definitiva en el proceso.
La decisión judicial establece que para determinar dicha cifra, el Gobierno Nacional deberá aplicar la totalidad de los criterios económicos y constitucionales previstos en la Ley 278 de 1996 y su desarrollo jurisprudencial. El tribunal enfatizó la necesidad de seguir los parámetros establecidos en la parte motiva de su decisión.
Contexto del decreto suspendido
El decreto presidencial, emitido a finales de diciembre de 2025, había establecido un aumento del 23% en el salario mínimo para el año 2026, generando tanto apoyo como controversia en distintos sectores de la sociedad colombiana. La medida buscaba mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores en un contexto económico complejo.
La suspensión provisional ocurre en medio de un debate nacional sobre la capacidad adquisitiva de los colombianos y los mecanismos legales para determinar los ajustes salariales anuales. El Gobierno Nacional mantiene su postura de que el decreto responde a mandatos constitucionales y necesidades económicas de la población más vulnerable.
