Gobierno de Petro insiste en emergencia económica pese a señalamientos sobre contratación
En el más reciente consejo de ministros presidido por Gustavo Petro este 12 de enero, el Ejecutivo defendió con firmeza la necesidad de declarar una nueva emergencia económica para enfrentar la crisis invernal que afecta al país. Esta postura se mantiene a pesar de los informes contundentes de organismos de control como la Contraloría General y Colombia Compra Eficiente, los cuales han alertado sobre un incremento desmesurado en la contratación estatal durante el primer mes de 2026, previo a la implementación de la Ley de Garantías.
Los recursos para la emergencia invernal
El objetivo principal del Gobierno es recaudar al menos COP 8 billones para atender los efectos del frente frío que ingresó por el norte del territorio nacional. Entre las medidas anunciadas destaca la imposición de un impuesto al patrimonio dirigido específicamente a aproximadamente 15.000 grandes empresas cuyos patrimonios líquidos superen los COP 10.000 millones. "Los recursos para la reactivación no saldrán del presupuesto, pero sí habrá aumento en los fondos de compensación", explicó el presidente Petro durante el consejo de ministros televisado desde la Casa de Nariño.
Detalles del impuesto al patrimonio
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, precisó que el gravamen contempla una tarifa del 0,6 % para patrimonios líquidos superiores a COP 10.000 millones y del 1,2 % para aquellos que excedan los COP 31.000 millones. "La tasa efectiva de tributación de personas jurídicas a medida que va aumentando el nivel de patrimonio va disminuyendo la tarifa efectiva de tributación", afirmó Ávila, destacando que el promedio global se sitúa alrededor del 28 %, mientras que en grandes empresas puede descender hasta el 21,3 %.
Confrontación con la Corte Constitucional
El Ejecutivo se encuentra en una confrontación pública con la Corte Constitucional, la cual suspendió la emergencia económica decretada el pasado 29 de diciembre. El ministro del Interior, Armando Benedetti, argumentó que "las circunstancias de la realidad y el sufrimiento de miles de colombianos desbordan cualquier análisis desde lo ideológico", solicitando al alto tribunal levantar la suspensión para poder asistir a las familias damnificadas y reconstruir las zonas afectadas.
Alertas sobre contratación estatal
En medio de este debate, la Contraloría General emitió un informe revelador que pone bajo la lupa el manejo de recursos públicos en época electoral. El documento señala que se firmaron 521.269 contratos por un valor total de COP 32,88 billones durante enero, previo a las restricciones de la Ley de Garantías. Llama especialmente la atención que el 45 % de estos recursos se movilizó únicamente en la última semana del mes.
- El orden territorial concentró 348.495 contratos por COP 17,7 billones
- El orden nacional registró 164.813 contratos por COP 14,87 billones
- Las corporaciones autónomas aportaron 7.961 contratos por COP 0,3 billones
Comparaciones preocupantes
Los datos muestran un incremento significativo en las órdenes de prestación de servicios (OPS) a nivel nacional: 56.842 contratos adicionales por COP 6,03 billones más en comparación con el mismo período de 2022. Mientras en 2026 se alcanzaron 164.813 contratos por COP 14,87 billones, en 2022 fueron 107.971 contratos por COP 8,84 billones.
Informe de Colombia Compra Eficiente
Un informe complementario de Colombia Compra Eficiente reveló que el monto total movilizado en enero ascendió a COP 37 billones, superando incluso las estimaciones de la Contraloría. El documento identifica a las entidades que más contrataron:
- Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena): 37.626 contratos por COP 1,7 billones
- Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF): 15.627 contratos por COP 1,2 billones
- Unidad Especial para la Atención y Reparación a Víctimas: 3.123 contratos por COP 508 mil millones
- Ministerio de Educación: 966 contratos por COP 442 mil millones
El presidente Petro defendió en redes sociales la diferenciación de las medidas actuales, recordando que en gobiernos anteriores los empresarios llegaron a pagar hasta el 4,8 % de sus patrimonios líquidos durante emergencias, mientras que ahora se plantea una tarifa inicial del 0,6 %.
