Presidente Petro exige respuestas sobre investigación de software electoral a Fiscalía General
El presidente Gustavo Petro ha remitido un derecho de petición de 13 páginas a la Fiscalía General de la Nación, dirigido específicamente a la fiscal Luz Adriana Camargo, quien fue posesionada por el mismo mandatario el 22 de marzo de 2014. El documento, fechado este 19 de marzo, busca información detallada sobre las acciones que ha tomado el ente investigador tras una decisión crucial del Consejo de Estado en 2018.
El fallo que cambió el panorama electoral
El Consejo de Estado confirmó en 2018 que durante las elecciones legislativas de 2014 se produjo una alteración significativa en el proceso electoral, específicamente en el componente de software utilizado para los escrutinios. Esta decisión judicial tuvo consecuencias directas: el partido Mira perdió más de 236.000 votos y, como resultado, tres curules en el Senado que había ganado legítimamente en las urnas.
"¿Considera la Fiscalía General de la Nación que los resultados de la investigación ordenada en 2018, o la ausencia de ellos, tienen relevancia para garantizar la integridad del proceso electoral del 31 de mayo de 2026?", cuestiona explícitamente el presidente Petro en uno de los 11 interrogantes planteados en el documento.
Las preguntas clave del mandatario
El derecho de petición incluye preguntas específicas sobre:
- El expediente abierto por la compulsa de copias ordenada por el alto tribunal
- El estado actual de la investigación
- La justificación documentada de las determinaciones adoptadas
- Información sobre personas indagadas por este asunto
- Posibles conexiones con los comicios del pasado 8 de marzo
Petro busca determinar si el software utilizado en las elecciones más recientes presenta vulnerabilidades similares a las detectadas en 2014. Este interés se enmarca en lo que el documento califica como "urgencia democrática", un concepto que subraya la importancia de garantizar la transparencia de los procesos electorales.
Antecedentes que preocupan al gobierno
El documento revela un dato preocupante: los archivos del software de escrutinio de 2014 fueron eliminados apenas tres meses después de las elecciones por la firma privada que los manejaba. Según un reporte de la Fiscalía de 2017 citado en el derecho de petición, esta eliminación impidió que peritos accedieran al mismo esquema utilizado durante la jornada electoral.
Sin embargo, el mismo sistema electoral estuvo presente en los procesos de 2018, 2022 y 2026, lo que genera interrogantes sobre su seguridad en múltiples elecciones. "¿Existen investigaciones activas o archivadas sobre irregularidades en el software electoral en los procesos electorales de 2018, 2022 o 2026?", pregunta adicionalmente el presidente.
Contexto político y electoral
Esta solicitud se produce en un momento crucial de la campaña electoral, horas antes de que el ministro del Interior, Armando Benedetti, declare ante el Tribunal Superior de Cundinamarca. Benedetti enfrenta un proceso judicial que busca que el presidente Petro se abstenga de hablar sobre posibles fraudes electorales sin sustento probatorio.
El mandatario ha defendido su postura argumentando que existe evidencia concreta y que este caso busca censurarlo políticamente. Por esta razón, la Casa de Nariño busca dar máxima visibilidad a las respuestas que entregue la Fiscalía, las cuales deben conocerse en un plazo máximo de 15 días hábiles.
Impacto en el Pacto Histórico
El partido de gobierno tiene experiencia directa con irregularidades electorales. En 2022, el Pacto Histórico fue reportado inicialmente con 16 curules en el Senado, pero tras un proceso de verificación y denuncia recuperó aproximadamente 500.000 votos, alcanzando finalmente 20 escaños.
En las elecciones del pasado 8 de marzo, esta colectividad sumó 4,4 millones de votos y logró al menos 25 curules en la cámara alta. Estos antecedentes explican la insistencia del gobierno en auditar el código fuente del software electoral, una solicitud que ha reiterado esta misma semana a la Registraduría Nacional.
Respuestas institucionales
Mientras el presidente Petro insiste en la necesidad de auditorías independientes, la institucionalidad electoral ha respondido con contundencia. El registrador Nacional, Hernán Penagos, aseguró que para las legislativas del 8 de marzo se dio acceso al código fuente a todas las organizaciones políticas.
El procurador General, Gregorio Eljach, confirmó la veeduría sobre ese proceso, y el contralor Carlos Hernán Rodríguez respaldó esta medida. En conjunto, las entidades electorales han advertido que no existe material probatorio que respalde las afirmaciones sobre fraude electoral.
Lo que viene
La expectativa ahora se centra en dos eventos simultáneos: la respuesta que debe dar la fiscal Camargo en el plazo legal establecido y los argumentos que presente el ministro Benedetti ante el Tribunal de Cundinamarca este 20 de marzo. Ambos hechos podrían tener impacto significativo en el desarrollo de la campaña presidencial.
En el documento oficial, el presidente Petro precisa que "el conocimiento del estado de estas investigaciones no es de interés político de ninguna tendencia. Es de interés de todos los ciudadanos colombianos que votan, que tienen candidatos y que esperan que sus votos sean contados con exactitud".
Mientras tanto, la campaña para la primera vuelta presidencial del 31 de mayo continúa avanzando, con 14 candidaturas oficialmente inscritas compitiendo por abrirse espacio en el complejo tablero electoral colombiano.
