Presidente Petro exige claridad sobre pruebas que vincularían a funcionarios con disidencias
El presidente Gustavo Petro realizó este domingo 15 de febrero un llamado directo a la Fiscalía General de la Nación para que aclare de manera definitiva si en los documentos y dispositivos electrónicos incautados a las disidencias del alias Calarcá existen pruebas que comprometan al general Juan Miguel Huertas y a Wilmar Mejía, quienes enfrentan investigaciones por presuntos vínculos con esa estructura armada.
Cuestionamiento público a la consistencia de las evidencias
A través de su cuenta en la red social X, el mandatario colombiano solicitó un pronunciamiento oficial del ente acusador sobre el contenido específico de los archivos recolectados durante la interceptación realizada hace aproximadamente un año. "La fiscalía general debe pronunciarse sobre si en los documentos de prueba recogidos en la interceptación de Calarcá, estaban las pruebas que acusan a Huertas y a Wilmar del DNI", escribió el Jefe de Estado en su publicación.
En el mismo mensaje, Petro cuestionó abiertamente la consistencia de las evidencias que han circulado públicamente y sugirió que las pruebas conocidas hasta el momento presentarían fechas posteriores a la incautación original. "Todo indica que las pruebas contra las dos personas que señaló alguna prensa, es de fecha posteriores", afirmó el presidente, añadiendo que "se trata de declaraciones de un preso capturado por mi gobierno, al que supuestamente se le presionaba por personas ajenas al proceso para declarar en contra de los funcionarios".
Precisión sobre identidades y contexto de la investigación
El mandatario realizó además una importante precisión sobre uno de los nombres mencionados en los documentos investigados. Según sus declaraciones, "el Wilmar mencionado en documentos, es el tercer hombre del frente 38, de los grupos del EMC, divididos y no el funcionario del gobierno que acusó la prensa".
En esa misma línea, Petro insistió en que sería "muy importante" que, tras la evaluación completa de los dispositivos, memorias USB, teléfonos celulares y otros archivos digitales incautados al alias "Calarcá", la Fiscalía confirme de manera oficial si en realidad se menciona específicamente al general Huertas y a Wilmar Mejía, quien se desempeñaba como subdirector de inteligencia.
Suspensión de funcionarios y origen de la investigación
Esta controversia se desarrolla en medio de la suspensión administrativa que pesa sobre ambos funcionarios desde el pasado 23 de diciembre de 2025, cuando la Procuraduría General de la Nación ratificó la medida de suspensión provisional por tres meses contra el general Juan Miguel Huertas y Wilmar Mejía, alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
La decisión disciplinaria se adoptó dentro de una investigación por presuntos vínculos y posible suministro de información a miembros de las disidencias de las Farc. Según información oficial, la investigación se originó específicamente a partir de archivos digitales decomisados en 2024 al alias "Calarcá" y a integrantes de su grupo armado.
Entre el material incautado se encontraban:
- Computadores portátiles y de escritorio
- Memorias USB con información sensible
- Teléfonos celulares con comunicaciones internas
- Correos electrónicos y mensajes de chat
- Fotografías y documentos digitales
Allegaciones sobre estrategias de acercamiento y empresa de fachada
Algunos de estos registros, según las indagaciones preliminares, harían referencia directa a Mejía y al general Huertas en eventuales estrategias de acercamiento con miembros de esa disidencia. De acuerdo con la información divulgada inicialmente, los investigados habrían contemplado la creación de una empresa de seguridad de fachada que permitiría, presuntamente, que integrantes de las disidencias se movilizaran en vehículos blindados y portaran armamento con apariencia legal.
Esta estructura se habría diseñado en preparación ante una eventual ruptura de los diálogos de paz que se desarrollan en el país. Cabe recordar que el general Huertas fue retirado del Ejército durante el gobierno de Iván Duque y posteriormente reintegrado al servicio activo por decisión del presidente Petro, a quien apoyó activamente en la campaña presidencial de 2022.
La situación mantiene en vilo al establishment de seguridad nacional mientras se espera el pronunciamiento oficial de la Fiscalía General solicitado por el presidente de la República. La claridad sobre la autenticidad y temporalidad de las pruebas será determinante para el futuro procesal de los funcionarios investigados.
