Gobierno Nacional reactiva controvertida figura de inversiones forzosas en el sector bancario
En un movimiento que ha generado intenso debate en el ámbito económico, la Casa de Nariño ha decidido reactivar la figura de las inversiones forzosas para el sistema financiero colombiano. Durante el tercer consejo de ministros de la semana, el presidente Gustavo Petro confirmó que el Gobierno expedirá decretos para obligar a la banca a dirigir recursos hacia sectores productivos específicos.
Emergencia económica como marco legal
Esta decisión se enmarca dentro de la emergencia económica decretada por la grave crisis invernal que afecta principalmente al departamento de Córdoba y otras regiones del país. La medida revive una polémica discusión que parecía archivada después del Pacto por el Crédito firmado en agosto de 2024 entre el Ejecutivo y el sector financiero.
Dicho acuerdo, que contemplaba 250 billones de pesos en 18 meses para impulsar vivienda, agricultura, turismo y economía popular, permitió en su momento retirar un proyecto de ley que imponía por norma la destinación obligatoria de recursos. Sin embargo, según el balance presidencial, "la promesa no se tradujo en el impacto esperado".
Nuevo impuesto al patrimonio para grandes empresas
El componente tributario representó otro eje fundamental de los anuncios gubernamentales. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, reveló un decreto que crea un impuesto al patrimonio para personas jurídicas, enfocado exclusivamente en las 15.000 empresas más grandes de Colombia.
La estructura del nuevo gravamen establece:
- 0,6% para patrimonios líquidos hasta 30.000 millones de pesos
- 1,2% para montos superiores a esa cifra
- Un rango de aplicación entre 200.000 y 600.000 UVT
Según explicó Ávila, aunque la tarifa nominal del impuesto de renta es del 28%, las grandes compañías estarían pagando una tasa efectiva cercana al 21,3%, lo que representa siete puntos porcentuales menos de lo establecido formalmente.
Medidas adicionales en sectores estratégicos
El presidente Petro también abordó otros frentes económicos sensibles:
- Sector cárnico: Planteó la posibilidad de suspender temporalmente la exportación de carne si esta presiona al alza los precios internos, argumentando que el incremento de alimentos por encima de la inflación puede afectar el poder adquisitivo y aumentar riesgos de desnutrición.
- Agricultura: Propuso priorizar la producción nacional de papa, tomate y yuca, además de anunciar líneas de crédito con tasas compensadas para el agro y microempresas en coordinación con Finagro y el Banco Agrario.
- Energía: Cuestionó la indexación de contratos al precio del gas y señaló que la generación hidroeléctrica no estaría reflejando menores costos en la tarifa final, mencionando casos específicos como Hidroituango y comparaciones con Central Hidroeléctrica Urrá I.
Reacciones y perspectivas del sector financiero
Durante las 19 sesiones de trabajo previas a este anuncio, los representantes bancarios advirtieron consistentemente que una imposición legal de este tipo podría "encarecer el crédito y afectar la confianza" en el sistema financiero. Pese a estas advertencias, el Gobierno considera que hubo incumplimientos sustanciales en los compromisos adquiridos y ahora recurrirá a decretos amparados en la emergencia económica.
El decreto sobre patrimonio empresarial establece además diferencias significativas entre empresas productivas y rentísticas, como el sector financiero, y contempla bases especiales para cooperativas y cajas de compensación familiar. Cabe destacar que el impuesto al patrimonio para personas naturales permanece suspendido.
Con estas decisiones, la administración Petro reabre discusiones de fondo sobre tres aspectos cruciales: la relación con el sistema financiero nacional, la carga tributaria empresarial y el nivel de intervención estatal en mercados estratégicos, todo ello en el complejo contexto de la crisis climática que afecta al país.
