Nuevo enfrentamiento institucional por contrato de pasaportes con Portugal
La Procuraduría General de la Nación ha presentado una demanda judicial ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca buscando anular el contrato de 1.3 billones de pesos suscrito con el Gobierno de Portugal para la fabricación de pasaportes colombianos. El organismo de control argumenta graves irregularidades presupuestales, incluyendo la presunta falta de recursos certificados para ejecutar el acuerdo internacional.
Respuesta contundente del presidente Petro
El presidente Gustavo Petro respondió inmediatamente a la acción legal, acusando a la Procuraduría de "plegarse al interés particular" y de intentar interferir en los próximos comicios presidenciales. El mandatario vinculó directamente la demanda con intereses empresariales específicos, señalando que el objetivo sería beneficiar a la empresa Thomas Greg & Sons, histórica responsable de la elaboración de estos documentos en Colombia.
"La idea de censurarme es para permitir que tomen el contrato de pasaportes y la empresa beneficiaria buscará devolver el favor en el escrutinio", afirmó Petro en sus declaraciones públicas. El presidente fue enfático al revelar que, según su información, existe un acuerdo político entre dicha compañía y un candidato presidencial no especificado.
Detalles del contrato cuestionado
El acuerdo con Portugal contempla importantes innovaciones:
- Producción estatal de pasaportes a partir de abril de 2026
- Implementación de tecnología avanzada de seguridad
- Financiamiento por 1.3 billones de pesos
- Transferencia de conocimiento técnico internacional
La Procuraduría no solo busca la nulidad del contrato, sino también el reintegro inmediato de los dineros que ya han sido girados como parte del acuerdo bilateral. Esta posición ha generado un nuevo capítulo de confrontación entre el Ejecutivo y los organismos de control en Colombia.
Advertencias sobre transparencia electoral
Más allá del tema específico de los pasaportes, el presidente Petro escaló la discusión hacia preocupaciones fundamentales sobre la transparencia electoral. El mandatario cuestionó severamente la independencia del sistema de conteo de votos, señalando que la Registraduría Nacional se encuentra en desacato frente a sentencias del Consejo de Estado.
"Si no se permite auditarlo, no hay transparencia electoral, hay opacidad", sentenció Petro respecto a los algoritmos utilizados en los procesos electorales. El presidente denunció que la tercerización del preconteo y el escrutinio impide realizar auditorías reales sobre los sistemas computacionales que determinan los resultados de las votaciones.
Llamado a la acción política
Finalmente, el jefe de Estado hizo un llamado contundente a los movimientos políticos para que presenten pruebas de falsedad en formularios electorales ante el Tribunal de Cundinamarca. Petro reafirmó su determinación de no permitir ser censurado por denunciar lo que considera un riesgo inminente para la democracia colombiana, manteniendo su postura de que los servicios de pasaportes no regresarán a manos privadas durante su administración.
Este enfrentamiento institucional ocurre en un contexto político sensible, con elecciones presidenciales en el horizonte y profundas divisiones sobre el modelo de gestión de documentos de identidad en el país. La disputa legal promete extenderse en los tribunales mientras el gobierno avanza con los preparativos para la implementación del nuevo pasaporte colombiano con tecnología portuguesa.
