Colombia enfrenta plazo límite para aprobar ley aduanera que evite vacío en lucha contra contrabando
La Procuraduría General de la Nación ha emitido una alerta institucional sobre los graves efectos que podría enfrentar Colombia si el Congreso no aprueba antes del 20 de junio de 2026 una ley que establezca el régimen sancionatorio en materia aduanera. Esta advertencia surge como consecuencia directa de la Sentencia C-072 de 2025 de la Corte Constitucional, que eliminó la posibilidad de que el Gobierno regule este asunto mediante decreto.
Un vacío normativo que amenaza el control aduanero
El fallo del alto tribunal estableció que el régimen sancionatorio aduanero debe ser regulado exclusivamente por el Congreso, bajo el principio de reserva de ley, y otorgó al legislativo un plazo que vence el próximo 20 de junio de 2026. A partir del 21 de junio, Colombia podría quedar sin norma vigente para imponer sanciones aduaneras, lo que afectaría directamente:
- Procedimientos de control y vigilancia aduanera
- Capacidad para decomisar mercancías ilegales
- Actuaciones administrativas en curso relacionadas con contrabando
- Procesos sancionatorios contra infractores
La Procuraduría Delegada Segunda para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública ha identificado impactos simultáneos en múltiples frentes del sistema aduanero y fiscal nacional.
Consecuencias operativas y financieras identificadas
Entre los principales riesgos que la Procuraduría ha señalado se encuentran:
- Limitaciones en la imposición de sanciones a quienes cometan infracciones aduaneras
- Dificultades significativas en el decomiso de mercancías de contrabando
- Controversias en procesos administrativos que actualmente se encuentran en trámite
- Afectaciones directas al recaudo estatal y al control efectivo del contrabando
El organismo de control advirtió que estos escenarios podrían generar un vacío en la aplicación de medidas administrativas, afectando la seguridad jurídica de todas las actuaciones en materia aduanera y comprometiendo la continuidad de trámites en curso.
Fundamento constitucional del cambio normativo
La Corte Constitucional fundamentó su decisión en que el régimen sancionatorio aduanero involucra aspectos que afectan derechos fundamentales y procedimientos administrativos, por lo que no puede ser definido por el Ejecutivo mediante facultades delegadas. Como consecuencia de esta sentencia:
- Se retiró la habilitación que permitía al Gobierno expedir regulación en esta materia
- La responsabilidad normativa recae ahora exclusivamente en el Congreso de la República
- Se abren posibilidades de revisión sobre actuaciones administrativas previas
- Procesos en trámite bajo el esquema anterior podrían ser cuestionados
Seguimiento preventivo y llamado a la acción legislativa
La Procuraduría informó que realiza seguimiento al trámite legislativo relacionado con la expedición de la nueva normativa y ha promovido espacios de articulación entre entidades para evaluar los posibles escenarios derivados de una eventual falta de aprobación. "Nuestra intervención tiene carácter preventivo y busca anticipar riesgos sin interferir en las competencias del legislador ni del Gobierno", señaló la entidad en su comunicación oficial.
El organismo de control reiteró que su advertencia busca dejar constancia de los riesgos identificados y del plazo existente para evitar un vacío normativo que, de materializarse, debilitaría significativamente la capacidad del Estado colombiano para combatir el contrabando y proteger los intereses fiscales de la nación.
