La autonomía del Banco de la República bajo amenaza política
Cuando un integrante de la junta directiva del Banco de la República cruza el umbral de la institución, comprende que su misión fundamental es colaborar, dentro de un organismo colegiado, en la toma de decisiones de política monetaria que beneficien a la totalidad de los colombianos, no únicamente al mandatario que lo designó.
Esta premisa constituye la esencia misma de pertenecer a la junta directiva de una entidad de "naturaleza especial", autónoma e independiente, como lo es el Banco de la República. Creada mediante la Constitución de 1991 para dirigir las políticas monetaria, cambiaria y crediticia, a través de la cual "el Estado velará por el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de la moneda", según establece el artículo 373 de la Carta Magna.
Funciones constitucionales y coordinación gubernamental
El ministro de Hacienda ocupa un lugar entre los siete miembros de la junta, preside las sesiones, su asistencia es obligatoria y su rol consiste en actuar como coordinador entre el manejo de la política monetaria y la política fiscal, un término que generó debates durante la Asamblea Constituyente.
El objetivo primordial de la junta del Banco de controlar la inflación permitió, durante los últimos treinta y cinco años, romper con la inercia inflacionaria que caracterizó a Colombia durante el siglo XX, especialmente entre 1973 y 1999 cuando la inflación superó en promedio el 20% anual. Estas cifras resultan considerablemente inferiores a las registradas en otras naciones latinoamericanas, algunas de las cuales experimentaron episodios de hiperinflación.
El régimen de inflación objetivo y sus beneficios
El régimen de inflación "objetivo" adoptado por la junta del Banco en 1999, durante la crisis de "fin del siglo", ha contribuido significativamente al bienestar social. Logró mantener bajo control la variación anual del índice de precios, aliviando la pobreza y estimulando el crecimiento económico.
El horizonte de largo plazo de la meta inflacionaria permite a los agentes económicos acceder al crédito para realizar inversiones, como ocurre con los préstamos para adquisición de vivienda a plazos de 10 o 15 años, expandiendo consecuentemente la producción y, por extensión, la economía en su conjunto.
Base técnica y profesionalismo institucional
Este modelo permitió igualmente tecnificar los procesos de toma de decisiones de política monetaria del Banco. El análisis de coyuntura macroeconómica y la investigación constituyen pilares fundamentales para cumplir con el mandato constitucional. Como recordaba Miguel Urrutia en un artículo publicado semanas antes de su fallecimiento, el Banco de la República "cuenta con uno de los mejores equipos dedicados a la investigación en temas económicos", clasificado a principios de la década como "el mejor de América Latina y el número 14 del mundo".
Este equipo técnico no se encuentra subordinado a los intereses del sector financiero, como afirmó recientemente el ministro de Hacienda. Tal declaración desconoce el proceder de los técnicos del Banco, así como ignora que a los bancos no les convienen tasas de interés elevadas, puesto que restringen la operación crediticia e incrementan el riesgo de impago por parte de los clientes.
Advertencia sobre politización electoral
Los técnicos no actúan pensando en la rentabilidad de los títulos de deuda pública, ni responden a intereses de grupos políticos en contra o a favor del Gobierno. Lo que resulta inadmisible es politizar con fines electorales el comportamiento de la junta, como parece pretender el gobierno del presidente Petro.
En análisis recientes sobre la afectación de instituciones nacionales, destacaba hasta hace poco que afortunadamente no se había intervenido la junta del Banco de la República. ¡Era lo que faltaba!
El comportamiento del ministro de Hacienda al retirarse de una reunión de la junta constituye una falta grave de irrespeto institucional y de incumplimiento constitucional. Sus argumentos poseen carácter político y contradicen la realidad económica colombiana.
La autonomía del Banco de la República representa un pilar fundamental para la estabilidad económica del país, y su preservación resulta esencial frente a cualquier intento de politización con motivaciones electorales.
