Política de drogas: el gran debate que definirá el Congreso elegido el 8 de marzo de 2026
Para las elecciones del Congreso de la República del 8 de marzo de 2026 se han inscrito un total de 3.231 candidatos, quienes competirán por 284 curules legislativas. De estas, 102 corresponden al Senado y 181 a la Cámara de Representantes, configurando la composición del poder legislativo para el periodo constitucional 2026-2030.
Más allá de la aritmética electoral, surge una pregunta fundamental: ¿qué tipo de política de drogas impulsará el Congreso que resulte elegido? En Colombia, este enfoque ha sido un eje estructural del conflicto armado, de la expansión del poder punitivo estatal y de las relaciones entre centros urbanos y territorios marginados.
Regulación del cannabis: entre la coherencia normativa y la hipocresía
El próximo Congreso tendrá en sus manos la posibilidad de retomar o seguir postergando la regulación del uso adulto del cannabis. Colombia reconoce el consumo como un ámbito protegido por la jurisprudencia constitucional y cuenta con una regulación de cannabis medicinal, pero mantiene en la ilegalidad el uso adulto.
Esta incoherencia normativa fortalece al mercado ilegal y reproduce selectividad penal. La regulación implicaría liberar capacidad judicial y policial para concentrarse en estructuras violentas, reducir criminalización desproporcionada por edad y clase, y reconocer que el prohibicionismo no ha erradicado el consumo pero sí ha generado costos sociales y fiscales significativos.
Fumigación aérea con glifosato: límites al poder estatal
Otro frente crucial es la eventual reactivación de la fumigación aérea con glifosato. Más que un debate técnico sobre erradicación, esta discusión aborda los límites del poder estatal. Décadas de experiencia han mostrado impactos en salud, ambiente y medios de vida de comunidades campesinas y étnicas, además de grandes dudas sobre su eficacia sostenida para reducir cultivos.
El Congreso tendrá un rol determinante en control político, asignación presupuestal y orientación normativa que podría cerrar, por vía legislativa, esta forma de intervención en territorios históricamente marginados. Respaldar o no esta política representa una definición sobre si pesa más la presión por resultados rápidos o la obligación de proteger derechos fundamentales.
Tratamiento penal diferenciado: implementar o vaciar el Acuerdo de Paz
El Acuerdo Final de Paz reconoció que no todos los eslabones del narcotráfico son iguales. Personas campesinas cultivadoras en contextos de ausencia estatal no pueden equipararse con redes criminales transnacionales. El tratamiento penal diferenciado busca introducir racionalidad y justicia material en la política criminal.
El Congreso 2026-2030 será clave para profundizar o bloquear estos desarrollos. Mayorías inclinadas al endurecimiento penal podrían frenar la implementación o introducir reformas que vacíen su espíritu. Sin diferenciación, la política de drogas corre el riesgo de volver a ser un mecanismo de reproducción de desigualdades y sobrecarga carcelaria.
Reparar los daños de la guerra contra las drogas
Existe un tema que rara vez ocupa el centro del debate electoral: las víctimas de la propia política de drogas. La "guerra contra las drogas" produjo daños a millones de comunidades afectadas por fumigaciones, personas privadas de libertad por delitos no violentos, mujeres criminalizadas por economías de supervivencia y familias fragmentadas por encarcelamiento masivo.
Medidas de revisión de condenas, enfoques restaurativos e inversión prioritaria en territorios más golpeados son parte de una conversación pendiente. Un Congreso comprometido con derechos humanos debería abrir este debate sin temor a la estigmatización.
El 8 de marzo no solo decidiremos sobre 3.231 nombres y 284 curules, sino sobre si el Estado seguirá respondiendo con castigo indiscriminado o si se atreverá a gobernar un fenómeno complejo con racionalidad, evidencia y responsabilidad democrática. Lo que está en juego es el tipo de relación que queremos entre política criminal, democracia y derechos humanos en los próximos cuatro años.
