Políticos denuncian clientelismo tras revelación de $31 billones en contratos directos
La investigación periodística de EL TIEMPO que expuso más de 80.000 contratos directos por valor de 31 billones de pesos suscritos por el Gobierno Petro con asociaciones populares ha generado fuertes reacciones en el ámbito político nacional.
Respuesta oficial y cifras reveladoras
En respuesta a un derecho de petición elevado por este medio, Colombia Compra Eficiente reconoció que durante la actual administración se han firmado 80.736 contratos con asociaciones comunales, juntas de acción comunal, cabildos indígenas y resguardos por un monto superior a los 31 billones de pesos.
Los datos detallados muestran una distribución significativa de estos recursos:
- Más de 25 billones en 55.434 contratos con asociaciones comunales
- Más de 2 billones en 13.970 contratos con consejos comunitarios
- Más de 1 billón en 2.274 contratos con resguardos
- Más de 700.000 millones en 1.389 contratos con cabildos
- Más de 6.900 millones en 6.927 contratos con juntas de acción comunal
- Más de 382.000 millones en 742 contratos con cabildos indígenas
Críticas desde la oposición política
Uno de los primeros en pronunciarse fue el candidato presidencial Sergio Fajardo, quien cuestionó duramente la falta de rigor técnico en estos procesos de contratación. El exgobernador afirmó que los 31 billones entregados de forma directa evidencian prácticas clientelistas y consideró que se está utilizando el Estado para fines políticos y electorales.
"¿Dónde quedó el rigor técnico? Lo que revela EL TIEMPO parece un chiste: 31 billones de pesos entregados a dedo para alimentar su maquinaria electoral. Prometieron cambio, pero usan el Estado como caja menor y replican lo peor del clientelismo. ¡NO más corrupción! ¡Los dineros públicos son sagrados!", escribió Fajardo en su cuenta de X.
Advertencias sobre politiquería encubierta
También se pronunció el exministro de Hacienda y excandidato presidencial Mauricio Cárdenas, quien afirmó que la investigación evidencia un mecanismo del Gobierno para obtener respaldo político a través de la contratación, calificándolo como "politiquería encubierta".
"Esta investigación muestra uno de los mecanismos del gobierno para buscar respaldo político. Politiquería encubierta. De los mismos creadores del 'empleo militante' ahora pasamos a la 'contratación militante' como asociaciones populares. Las cifras y los incumplimientos contractuales prenden otra alarma más sobre lo que es capaz de hacer el gobierno para conseguir votos", señaló Cárdenas.
Preocupación por ejecución y control
De los 55.434 contratos con asociaciones comunales, solo 7.309 aparecen como terminados, representando 4,7 billones de pesos. Situaciones similares se presentan en otras categorías:
- Cabildos: apenas 165 contratos terminados por 137.000 millones
- Consejos comunitarios: poco más de 1.000 por cerca de 300.000 millones
- Juntas de acción comunal: 539 por 22.000 millones
- Cabildos indígenas: solo 48 por 17.000 millones
- Resguardos: 214 por 448.000 millones
El grueso de los contratos permanece en estados como "celebrado", "modificado" y en ejecución, lo que ha generado alertas de entidades de control como la Contraloría sobre el manejo de estos billonarios recursos y su materialización en obras públicas prometidas.
Esta figura de contratación, establecida en el Plan Nacional de Desarrollo, fue posteriormente tumbada por la Corte Constitucional, pero los contratos ya suscritos continúan su curso, generando creciente preocupación sobre transparencia y rendición de cuentas en el uso de recursos públicos.
