La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Corte Constitucional mantener en firme una parte del decreto que declaró la emergencia económica debido a la ola invernal que afectó al país a principios de 2026. El Ministerio Público pidió conservar las medidas relacionadas con la crisis del frente frío, pero eliminar aquellas vinculadas a los problemas estructurales del sistema de energía eléctrica y el acceso a la tierra.
Antecedentes de la emergencia
En febrero pasado, el Gobierno nacional decretó una nueva emergencia económica para atender la situación crítica en varios municipios de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó, afectados por la ola invernal. El objetivo era recaudar 8 billones de pesos colombianos para financiar las medidas de reparación y atender la emergencia.
Posición de la Procuraduría
El documento de 27 páginas, firmado por el procurador general Gregorio Eljach, pide avalar el Decreto Legislativo 150 del 11 de febrero de 2026 en lo referente a la ola invernal. La Procuraduría considera que los mecanismos ordinarios de gestión del riesgo y los recursos presupuestales disponibles eran insuficientes para enfrentar la magnitud de la crisis.
El ente de control también encontró que la crisis climática superó “el juicio de realidad, pues se comprobó la existencia del evento hidrometeorológico atípico que causó el desbordamiento de embalses e inundaciones dentro del territorio objeto de la declaratoria de emergencia”.
Además, indicó que “las circunstancias que llevaron al Gobierno nacional a declarar el estado excepcional produjeron un impacto inmediato y extraordinario en la realidad de las zonas afectadas, hasta el punto de superar la capacidad de respuesta institucional propia del ejercicio regular de las competencias estatales, de conformidad con lo previsto en la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres”.
Medidas que deben ser tumbadas
Finalmente, la Procuraduría consideró que la emergencia económica debía ser declarada inexequible en relación con las afectaciones al mercado de energía mayorista y las problemáticas estructurales del sistema de energía eléctrica y de acceso a la tierra.
