Un análisis de la firma Crowe Co Colombia, presentado el 23 de abril de 2026, advierte que hasta el 30% de las pequeñas y medianas empresas (pymes) en Colombia podrían desaparecer debido al incremento de los costos operativos derivados de la Ley 2101 de 2021. Esta norma reduce la jornada laboral a 42 horas semanales y aumenta el recargo por trabajo en días de descanso, generando un "efecto tijera" que compromete la sostenibilidad del sector.
Impacto de la reducción de la jornada y recargos
A menos de 90 días para la implementación de los cambios, el panorama es crítico. A partir del 1 de julio de 2026, el recargo por trabajo en día de descanso obligatorio subirá al 90%, mientras que el 15 de julio entrará en vigor la reducción de la jornada a 42 horas semanales. Según Juan Carlos Arbeláez, socio de Impuestos y Servicios Legales de Crowe Co Colombia, la normativa prohíbe disminuir el salario mensual a pesar de trabajar menos horas, lo que provoca un aumento automático en el valor de la hora ordinaria. Esto afecta principalmente a sectores con operaciones continuas como comercio, restaurantes, hoteles, transporte y vigilancia.
Entorno macroeconómico como factor de presión
El ajuste laboral coincide con indicadores económicos restrictivos. La tasa de interés del Banco de la República se sitúa en 11,25%, la inflación anual alcanzó el 5,56% en marzo y el interés bancario corriente llegó al 17,84% en abril. Este escenario encarece el acceso al crédito, herramienta vital para que las pequeñas empresas financien su transición operativa. Según datos de Fenalco, la respuesta empresarial ya es visible: el 40% de las compañías ha reducido sus operaciones nocturnas y dominicales, un 27% adicional planea realizar recortes similares, y el 51% de los empresarios afirma no estar preparado para asumir los nuevos costos.
Riesgos para el empleo y la estabilidad del trabajador
La consultora ANIF proyecta que el costo por hora laboral pasará de $7.736 en el primer semestre de 2025 a $10.422 en el segundo semestre de 2026, un incremento acumulado del 34,7%. Ante esto, el 71% de los empresarios prevé una reducción en la contratación de personal durante el año. Aunque la ley busca mejorar la calidad de vida de los trabajadores, la realidad financiera podría derivar en una disminución de los ingresos variables. Si las empresas cierran antes o eliminan turnos para proteger su flujo de caja, los empleados dejarán de percibir los recargos y horas extra que complementan su salario básico. En las microempresas (de 1 a 5 empleados), el riesgo es mayor, dado que el 63% de su nómina devenga un salario mínimo, dejando poco margen de maniobra para ajustar gastos.
Este contenido fue escrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en información de conocimiento público divulgada a medios de comunicación. Además, contó con la revisión del periodista y un editor.
