Registraduría Nacional toma medidas ante presunta participación política de empleada
La Registraduría Nacional del Estado Civil emitió un comunicado oficial sobre el caso de María Camila Gómez, una empleada de la entidad cuya conducta en redes sociales generó alertas por posible violación a las normas de neutralidad que rigen a los servidores públicos durante procesos electorales.
Evidencias en redes sociales desencadenan investigación
Según información revelada por EL TIEMPO, la funcionaria -contratada por un período de cinco meses- apareció en diversas publicaciones digitales donde se la observaba:
- Posando junto a figuras políticas como la candidata Paloma Valencia, su fórmula Juan Daniel Oviedo y el expresidente Álvaro Uribe
- Realizando comentarios de carácter político durante horarios laborales
- Portando el chaleco institucional de la Registraduría en contextos partidistas
Estas acciones fueron replicadas incluso por el presidente Gustavo Petro, quien también ha sido objeto de solicitudes de investigación por posible participación en política.
Medidas inmediatas y renuncia voluntaria
La entidad electoral confirmó que, "frente a una aparente participación en política de una funcionaria supernumeraria", se tomó la decisión de apartarla de su cargo de manera inmediata. Este procedimiento se ejecutó en estricto cumplimiento de los deberes legales y constitucionales que regulan la conducta de los servidores públicos en Colombia.
Investigaciones periodísticas establecieron que la empleada renunció voluntariamente a su posición tras conocerse las evidencias, mientras que la Registraduría había emitido previamente varios memorandos internos advirtiendo sobre la prohibición expresa de participación en actividades políticas.
Proceso investigativo y advertencias previas
El material audiovisual que circuló en plataformas digitales fue remitido formalmente a la Oficina de Control Disciplinario de la Registraduría, instancia que adelantará las investigaciones correspondientes para determinar responsabilidades y posibles sanciones.
La entidad destacó que, de manera permanente, ha realizado "un llamado constante a sus funcionarios para que se abstengan de participar, bajo cualquier modalidad, en actividades de carácter político". Estos recordatorios se han transmitido a través de los canales de comunicación interna y memorandos oficiales.
Consecuencias legales y disciplinarias
En su pronunciamiento, la Registraduría Nacional advirtió que este tipo de conductas pueden acarrear:
- Faltas disciplinarias graves según los artículos 60 (numerales 1 y 2) y 65 de la Ley 1952 de 2019
- Delito de intervención en política conforme al artículo 422 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal colombiano)
La institución reafirmó su compromiso con la integridad, transparencia y neutralidad del proceso electoral, principios fundamentales para garantizar la confianza ciudadana en los mecanismos democráticos del país.
Este caso pone en evidencia los desafíos que enfrentan las entidades públicas para mantener la imparcialidad de sus funcionarios durante períodos electorales, especialmente en la era digital donde las redes sociales amplifican rápidamente cualquier conducta que pueda interpretarse como partidista.
