Renuncia histórica en la Fiscalía venezolana tras cambio de gobierno
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, presentó oficialmente su renuncia este miércoles 25 de febrero de 2026, según confirmó la secretaria de la Asamblea Nacional durante una sesión parlamentaria. Este movimiento político ocurre menos de dos meses después de la caída del régimen de Nicolás Maduro, marcando un punto de inflexión en la reconfiguración institucional del país.
Comunicación oficial ante el Parlamento
Durante la plenaria legislativa, la funcionaria dio lectura a una comunicación dirigida a Jorge Rodríguez, presidente del Legislativo, firmada por Saab, "mediante la cual remite la renuncia a su cargo como fiscal general de la república". La dimisión fue oficialmente recibida por el Parlamento en medio de un escenario político que continúa en transformación tras los recientes cambios en el poder ejecutivo venezolano.
En paralelo, también presentó su renuncia el Defensor del Pueblo, Alfredo José Ruiz, según confirmó el mismo Jorge Rodríguez a través de sus redes sociales. Ambos funcionarios habían mantenido posiciones de respaldo al gobierno de Maduro durante sus respectivas gestiones.
Nueve años al frente del Ministerio Público
Tarek William Saab permanecía al frente del Ministerio Público desde 2017, acumulando casi nueve años en el cargo. A lo largo de su gestión mantuvo una postura pública de respaldo incondicional a Nicolás Maduro, incluso tras la captura del exmandatario el pasado 3 de enero en una operación militar estadounidense.
En ese momento histórico, el ahora exfiscal calificó el procedimiento como ilegal y aseguró que constituía una violación al derecho internacional, defendiendo la posición del gobierno chavista hasta sus últimas consecuencias. Su salida marca el fin de una era en la Fiscalía venezolana y se produce en un contexto de ajustes institucionales profundos.
Contexto político de transformación
La renuncia de Saab ocurre en medio de un proceso de transición política que comenzó con la caída de Maduro y que ha generado expectativas sobre posibles cambios en el sistema judicial venezolano. Analistas políticos consideran que esta dimisión podría abrir espacio para reformas en el Ministerio Público, institución que durante años fue cuestionada por organizaciones de derechos humanos internacionales.
El escenario actual plantea interrogantes sobre el futuro de los procesos judiciales pendientes y la posible revisión de casos que involucran a figuras políticas opositoras. La Asamblea Nacional deberá ahora proceder con el proceso de designación de un nuevo fiscal general, en lo que se anticipa como una decisión clave para el nuevo rumbo institucional del país.
