El rol y la remuneración de los ediles en Colombia: ¿Qué establece la normativa?
En el sistema político colombiano, diversos cargos públicos son ocupados mediante elección popular, entre los que destacan los miembros de las Juntas Administradoras Locales (JAL), comúnmente conocidos como ediles, junto a concejales y otros representantes. Una de las interrogantes más recurrentes entre la ciudadanía se centra en la remuneración económica que perciben estas figuras, aspecto que varía significativamente según múltiples factores regulatorios.
Funciones principales de los ediles según la ley
De acuerdo con el artículo 131 de la Ley 136 de 1994, las Juntas Administradoras Locales tienen como misión fundamental servir como puente de comunicación entre las entidades distritales o municipales y los ciudadanos. Estas asambleas deben estar conformadas por un mínimo de tres ediles y un máximo de nueve, cantidad que es determinada por los alcaldes en concertación con los concejos municipales, considerando también el número de habitantes de cada localidad.
Entre las atribuciones específicas de los ediles se encuentran:
- Formulación de propuestas que beneficien directamente a su comunidad o localidad.
- Promoción activa de la participación política ciudadana en los asuntos públicos.
- Supervisión meticulosa de la ejecución de obras públicas en su jurisdicción.
- Control y seguimiento de los recursos públicos, así como de proyectos específicos.
- Realización de actividades designadas por las alcaldías locales o los concejos municipales.
- Elaboración de ternas para el nombramiento de corregidores en sus territorios.
Es importante destacar que los ediles no tienen facultades para imponer monumentos o estatuas, ordenar el tapado de huecos en vías públicas, ni tomar decisiones relacionadas con el presupuesto de la alcaldía, competencias que corresponden a otras instancias gubernamentales.
Requisitos para aspirar al cargo de edil
Los ciudadanos que deseen postularse como ediles deben cumplir con ciertos requisitos establecidos legalmente. En primer lugar, deben poseer plenos derechos de ejercicio ciudadano y haber residido o desarrollado actividades comerciales, profesionales o laborales en la localidad donde aspiran representar. Para el caso específico de Bogotá, los aspirantes deben haber nacido en la capital o haber residido allí durante los dos años previos a las elecciones, demostrando así un vínculo tangible con la comunidad.
Remuneración variable: Honorarios por sesión asistida
A diferencia de otros funcionarios públicos como congresistas o alcaldes, quienes reciben salarios establecidos mediante decretos públicos, los ediles no perciben una remuneración fija. Su compensación económica depende exclusivamente del número de sesiones a las que asistan, tanto ordinarias como extraordinarias. Anualmente se programan 80 sesiones ordinarias y 20 extraordinarias, aunque la asistencia a cada una es voluntaria y determina el monto final recibido.
Según el artículo 42 de la Ley 2086 de 2021, los honorarios de los ediles se establecen por iniciativa de los alcaldes y mediante acuerdo de los Concejos municipales, hasta por dos Unidades de Valor Tributario (UVT) por asistencia a sesiones plenarias y comisiones, con un límite máximo establecido por la misma ley.
Para el año 2026, el valor de la UVT se fijó en $52.374 pesos colombianos. Esto significa que la remuneración de un edil se calcula multiplicando el valor de dos UVT (aproximadamente $104.748) por el número total de sesiones a las que haya asistido durante el período correspondiente. Este sistema busca vincular directamente la compensación económica con la participación activa en los procesos deliberativos locales.
Importancia del rol edilicio en la democracia local
Los ediles representan un eslabón fundamental en la estructura democrática colombiana, actuando como voceros directos de las comunidades ante las instancias municipales y distritales. Su labor de vigilancia, propuesta y articulación ciudadana contribuye significativamente a la transparencia en la gestión pública y al fortalecimiento de la participación comunitaria en la toma de decisiones que afectan directamente su entorno inmediato.
El modelo de remuneración por asistencia, aunque singular, refleja un intento por alinear los incentivos económicos con la presencia y compromiso en los espacios de debate local, asegurando que los recursos públicos retribuyan efectivamente el trabajo realizado en representación de los intereses ciudadanos.
