Consejo de Estado suspende provisionalmente el aumento del salario mínimo para 2026
El Consejo de Estado ha ordenado la suspensión provisional inmediata del decreto mediante el cual el Gobierno Nacional fijó el salario mínimo para el año 2026, estableciendo un incremento del 23,7 por ciento. Esta decisión judicial ha desencadenado una ola de reacciones políticas en todo el país, con pronunciamientos de diversas figuras públicas que cuestionan la medida.
Demandas buscan anular el decreto del salario mínimo
Varias demandas de nulidad fueron radicadas ante el alto tribunal entre los meses de enero y febrero de 2026, específicamente contra el Decreto 1469 de 2025. Este documento legal es el instrumento mediante el cual el Ejecutivo estableció el nuevo salario mínimo, mientras se toma una decisión definitiva sobre el fondo del asunto.
Los recursos judiciales presentados incluyen solicitudes de suspensión provisional, las cuales han sido acogidas por el Consejo de Estado. Esta situación deja en incertidumbre temporal la aplicación del aumento salarial que beneficiaría a millones de trabajadores colombianos.
Gustavo Bolívar lidera las críticas contra la suspensión
Uno de los primeros políticos en manifestarse fue el exsenador Gustavo Bolívar, quien emitió un contundente comunicado a través de sus redes sociales. "El Consejo de Estado, en clara extralimitación de funciones, suspende el decreto que elevó el salario mínimo a 2 millones de pesos", expresó el dirigente político.
Bolívar añadió que "esta arbitrariedad y esta afrenta a la lucha contra la desigualdad y la pobreza debe poner de pie a todos los trabajadores de Colombia". Sus declaraciones reflejan el malestar en sectores políticos que consideran la decisión judicial como un obstáculo para mejorar las condiciones laborales de la población.
Contexto del decreto presidencial
El decreto suspendido fue firmado por el presidente Gustavo Petro durante una alocución en la que anunció formalmente el incremento del salario mínimo. La medida gubernamental buscaba responder a las demandas de ajuste salarial ante el crecimiento del costo de vida y las presiones inflacionarias de los últimos años.
La suspensión provisional ordenada por el Consejo de Estado mantiene en vilo el proceso administrativo, generando expectativa sobre el desarrollo posterior de este caso que involucra derechos laborales fundamentales y políticas económicas del gobierno nacional.
