Gobierno uruguayo enfrenta desafíos para modificar la Ley de Urgente Consideración
En un escenario político complejo sin mayorías propias, el gobierno de Uruguay encabezado por el presidente Yamandú Orsi y el secretario de la presidencia Jorge Díaz, se encuentra con dificultades significativas para implementar cambios a la Ley de Urgente Consideración (LUC), aprobada durante la administración anterior de Luis Lacalle Pou.
Obstáculos parlamentarios y oposición firme
El gobierno necesita convencer a dos diputados opositores para modificar aspectos de la legislación, lo que representa un desafío considerable dado que estos legisladores tendrían que ir en contra de sus votos y posiciones políticas anteriores. Desde la oposición, especialmente del Frente Amplio, se ha manifestado preocupación de que algunos de los cambios propuestos podrían llevar a que autores de delitos graves queden en libertad.
Durante la campaña electoral y en este primer año de gobierno, diversos actores del oficialismo han anunciado modificaciones a la LUC, pero hasta ahora la mayoría de estas propuestas no han avanzado más allá del anuncio inicial. Esta situación se explica, en gran medida, por la dificultad que enfrenta el gobierno para conformar las mayorías necesarias en el Parlamento uruguayo.
Cambios limitados y resistencia política
En la Cámara de Diputados, donde el gobierno precisa dos votos de la oposición, solo se han aprobado dos modificaciones importantes a la LUC hasta el momento:
- En la ley de lavado de activos se redujo el límite para operar en efectivo
- En el Presupuesto se introdujeron cambios a la regla fiscal
En el primer caso, los votos provinieron de legisladores colorados, mientras que en el segundo fueron cabildantes. Aunque hubo otros ajustes, estos fueron menores o considerados positivos incluso por la actual oposición.
Reforma del Código del Proceso Penal
En la reforma del Código del Proceso Penal (CPP), actualmente en estudio del Parlamento, el gobierno plantea varios cambios a distintos aspectos de una de las leyes más importantes del gobierno anterior. Esta legislación fue ratificada parcialmente por la ciudadanía cuando el Frente Amplio llevó 135 artículos a referéndum, lo que añade complejidad política a cualquier modificación.
La oposición ya está trabajando en su defensa de la legislación existente. El diputado de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone, declaró enfáticamente: "Cabildo Abierto no va a votar nada que implique un cambio a la LUC", a pesar de que en votaciones anteriores había aparecido como un aliado clave del gobierno para generar las mayorías necesarias.
Cambios específicos propuestos
El proyecto de reforma incluye varias modificaciones que revertirían aspectos de la LUC, incluyendo algunos que estuvieron presentes en el referéndum donde la ciudadanía respaldó la ley. Según un análisis del equipo de asesores del diputado blanco Pablo Abdala, estos cambios podrían tener consecuencias significativas.
Abdala explicó: "Hay otras situaciones similares a ese cambio que se pretendía con la libertad anticipada que conducen a una consecuencia similar, a que autores de delitos graves queden en libertad, por ejemplo los cambios a la libertad a prueba".
Modificaciones al régimen de libertad a prueba
La reforma del CPP propuesta por el gobierno incluye una serie de cambios al régimen de libertad a prueba, que es una posibilidad que puede aplicar la Justicia cuando el delito cometido tenga ciertas características específicas. Este régimen debe ser solicitado por la defensa del condenado y puede aplicarse en la sentencia definitiva o posteriormente.
La normativa vigente establece que "la libertad a prueba consiste en someter al penado al cumplimiento de un programa de actividades orientado a su reinserción social en el ámbito personal, comunitario y laboral a través de una intervención individualizada y bajo la aplicación de ciertas condiciones especiales".
Actualmente, este régimen se puede aplicar para:
- Delitos culposos (cuando la acción se comete sin intención directa de dañar pero produce un resultado lesivo)
- Delitos dolosos o ultraintencionados, siempre que la pena prevista no supere los 24 meses de prisión
El primer cambio importante que plantea la reforma es extender este plazo a 3 años de penitenciaría (prisión para el caso de penas graves), lo que representa una modificación sustancial al sistema actual.
