La decisión de la Corte Constitucional de mantener vigente el decreto de emergencia económica redujo algunos riesgos que enfrentaba el impuesto extraordinario al patrimonio para personas jurídicas. Sin embargo, el fallo mantiene abiertas las dudas sobre su validez y sus efectos para los contribuyentes.
Interpretación del fallo: no es un aval definitivo
Expertos tributarios señalaron que la incertidumbre empresarial persiste porque el análisis de fondo sobre la estructura del impuesto aún no ha sido resuelto. Juan Carlos Arbeláez Mesa, socio director de impuestos y servicios legales de Crowe Co, explicó que la Corte no se pronunció sobre la constitucionalidad definitiva del impuesto al patrimonio creado para las personas jurídicas, sino sobre el decreto que sirvió de soporte a la declaratoria de emergencia económica expedida por el Gobierno.
Según precisó Arbeláez, “la Corte Constitucional no ‘revivió’ el impuesto al patrimonio de las empresas, sino el decreto que declaró la emergencia (0150 de 2026), que es el soporte jurídico del impuesto creado después por el Decreto 0173”. El especialista recordó que el diseño del tributo, incluyendo aspectos como tarifas, exclusiones y tratamientos diferenciales, continúa sometido al control constitucional dentro del expediente RE391.
La importancia de esta distinción radica en que el fallo elimina un riesgo jurídico relevante, pero no resuelve la discusión principal. Hasta ahora existía la posibilidad de que el impuesto cayera automáticamente si era declarada inexequible la norma que sustentó la emergencia económica. Con la decisión reciente, ese escenario pierde fuerza, aunque la revisión de fondo sobre la legalidad del tributo continúa su curso.
Impuesto al patrimonio sigue bajo revisión constitucional
Para las cerca de 15.000 empresas obligadas a pagar el gravamen, el efecto más inmediato es la reducción del riesgo de una inexequibilidad automática por arrastre. Arbeláez recordó que una situación similar ocurrió con el Decreto 1474 de 2025, cuando medidas tributarias asociadas perdieron sustento tras la caída de la norma habilitante.
“El efecto jurídico correcto no es que la Corte haya avalado el impuesto, sino que despejó el riesgo de que cayera automáticamente por la caída del decreto raíz”, explicó el experto. En consecuencia, también se aleja la posibilidad de una devolución automática de los recursos recaudados bajo ese argumento jurídico.
La decisión representa además un alivio para las finanzas públicas. El Gobierno conserva, al menos por ahora, el soporte legal de los recursos obtenidos mediante el impuesto extraordinario, en un contexto marcado por las restricciones fiscales y la necesidad de fortalecer los ingresos del Estado.
Sin embargo, la discusión central permanece abierta. Arbeláez advirtió que “el examen de fondo sobre la estructura del impuesto y, con él, el riesgo de ajustes o devoluciones parciales, sigue completamente abierto”. Esto significa que el resultado final dependerá de la sentencia que adopte la Corte sobre el Decreto 0173 de 2026 y las disposiciones que dieron forma al tributo.
En ese sentido, la incertidumbre empresarial no desaparece. Más bien, se concentra en un único frente. Antes del fallo coexistían dos amenazas: la eventual caída de la emergencia económica y la posibilidad de que fueran declarados inconstitucionales aspectos específicos del impuesto. Tras la decisión de la Corte, el primer riesgo disminuye considerablemente, mientras que el segundo permanece intacto.
Empresas enfrentan riesgos diferenciados según su situación
La incertidumbre tampoco afecta a todos los contribuyentes de la misma manera. El proceso constitucional que continúa en curso involucra cuestionamientos distintos dependiendo del tipo de empresa y de las características particulares de cada sector económico.
Para las entidades sin ánimo de lucro y las empresas en liquidación existe una situación particular. Según explicó Arbeláez, ya fue adoptada una medida cautelar mediante el Auto 533 de 2026 que suspendió la segunda cuota del impuesto para estos contribuyentes mientras se produce una decisión definitiva. El fallo de fondo determinará si ese alivio se mantiene o si eventualmente deberán asumir pagos retroactivos.
En otros sectores, las controversias se concentran en la estructura de las tarifas. El especialista señaló que para las compañías del sector financiero y extractivo persisten cuestionamientos relacionados con la tarifa diferencial de 1,6%, especialmente desde las perspectivas de equidad horizontal y equidad vertical.
Para el resto de empresas que ya realizaron los pagos correspondientes, la incertidumbre gira alrededor de los efectos de una eventual sentencia adversa. Si la Corte encuentra inconstitucional alguno de los pilares fundamentales del Decreto 0173, podría abrirse una nueva discusión sobre la procedencia de devoluciones y sobre la forma en que se aplicarían los efectos temporales de la decisión.
“No hay, por tanto, un ‘golpe adicional’ inmediato a las empresas, pero sí se mantiene vivo el riesgo sobre la arquitectura del impuesto”, afirmó Arbeláez. La frase resume el escenario que enfrentan actualmente los contribuyentes: menos incertidumbre sobre la supervivencia jurídica inmediata del gravamen, pero todavía sin claridad sobre su estabilidad definitiva.
A este panorama se suma la preocupación por los efectos económicos que puede generar un impuesto que grava el patrimonio y no necesariamente la rentabilidad de las compañías. Esa es una de las principales advertencias planteadas por Roger Román, socio de impuestos de Russell Bedford.
Recaudo del impuesto y efectos sobre inversión siguen en debate
Desde la perspectiva de la política tributaria, Román considera que el mensaje que deja la decisión judicial merece atención. Aunque aclaró que la Corte no revivió un impuesto permanente al patrimonio para personas jurídicas, señaló que sí avaló la continuidad del gravamen extraordinario creado durante la emergencia económica.
Según su análisis, esto puede afectar la confianza empresarial, desincentivar nuevas inversiones y reducir la competitividad del país frente a economías que han orientado sus sistemas tributarios hacia la gravabilidad de la producción y las utilidades. “Invertir capital en Colombia es gravado sin que signifique exista renta o utilidad”, afirmó.
Román también llamó la atención sobre las dificultades que pueden enfrentar compañías con patrimonios elevados, pero con limitaciones de liquidez. En esos casos, una parte importante de la riqueza empresarial puede estar representada en activos productivos que no necesariamente se traducen en disponibilidad inmediata de caja para atender obligaciones tributarias extraordinarias.
De acuerdo con el experto, este escenario podría derivar en solicitudes de facilidades de pago, mayores tensiones financieras e incluso procesos de reorganización empresarial en algunos casos. El desafío, explicó, no se limita al monto del impuesto, sino a la capacidad real de las empresas para asumirlo dentro de los plazos establecidos.
En materia de recaudo, las cifras muestran una brecha frente a los objetivos iniciales del Gobierno. Arbeláez señaló que la meta de $8,3 billones proyectada para esta vigencia parece difícil de alcanzar, dado que el hecho generador ya ocurrió y dio lugar a dos cuotas que permitieron recaudar aproximadamente $5,1 billones.
Los recursos obtenidos corresponden a cerca de $2,4 billones recaudados en abril y otros $2,7 billones en mayo. Según el experto, no existe una tercera ronda de cobro que permita cerrar automáticamente la diferencia frente a la meta original. Aunque Román considera posible que el recaudo aumente porque algunas empresas aplazaron sus pagos mientras esperaban la decisión de la Corte, el resultado final dependerá de la capacidad de pago de los contribuyentes y de la gestión administrativa para hacer efectivo el cobro.
Mientras tanto, el expediente RE391 se consolida como el principal frente de atención para empresas, inversionistas y analistas. Allí se definirá si el impuesto permanece intacto, si requiere ajustes o si algunos de sus componentes deben ser modificados. Hasta que esa decisión llegue, la incertidumbre jurídica sobre el gravamen seguirá acompañando a miles de compañías y mantendrá abierto uno de los debates tributarios más relevantes del año.
A su turno, Gustavo Piedrahita, docente universitario, dijo que esta decisión de la Corte Constitucional de mantener la vigencia del impuesto al patrimonio para las empresas tiene un efecto principal, desde el punto de vista jurídico: la consolidación de la obligación tributaria en cabeza de los contribuyentes que se encontraban dentro del supuesto previsto por la ley.
Así, al haberse preservado la constitucionalidad de la norma, la obligación sustancial de pago conserva plena exigibilidad y, por tanto, aquellas personas que no realizaron oportunamente la declaración y el pago correspondiente deberán proceder a normalizar su situación fiscal.
“Esto implica no solamente asumir el valor del impuesto causado, sino también las consecuencias derivadas del incumplimiento de los deberes formales y sustanciales. Es decir que, será aplicable la sanción por extemporaneidad, así como la liquidación de los intereses moratorios generados por el pago tardío de la obligación”, señaló el experto.
En ese sentido, la expectativa que algunos contribuyentes pudieron tener frente a una eventual declaratoria de inexequibilidad no suspende el cumplimiento de los deberes tributarios ni elimina las consecuencias asociadas a la mora.
En consecuencia, el impacto inmediato para los contribuyentes obligados es la necesidad de ponerse al día con sus obligaciones fiscales, considerando no solo el pago del impuesto sino también los costos asociados al cumplimiento tardío.
