Defensa de exconsejera presidencial busca cerrar proceso por corrupción en la UNGRD
En un movimiento legal significativo, el abogado de la exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Liliana Ortiz, solicitó formalmente la preclusión del proceso en su contra dentro del escándalo de corrupción que envuelve a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Argumentos centrales de la defensa
Durante la reanudación de las audiencias preparatorias de juicio, el jurista Mauricio Camacho Fernández presentó ante la jueza octava especializada de Bogotá una solicitud fundamentada en lo que calificó como modificaciones sustanciales en los hechos que sustentan el delito de tráfico de influencias.
"Una revisión detallada del proceso permite concluir que los hechos mencionados no ocurrieron en la forma en que han sido planteados por la Fiscalía General de la Nación", argumentó el abogado durante su intervención.
Camacho Fernández sostuvo que tanto en la audiencia de imputación de cargos como en el escrito de acusación se introdujeron cambios importantes en la descripción de los eventos investigados, lo que según su perspectiva debilita la base probatoria del caso.
Contexto del proceso judicial
Sandra Ortiz enfrenta cargos por su presunta participación en un esquema de corrupción relacionado con el direccionamiento de recursos públicos para la compra de carrotanques en La Guajira durante su gestión en la UNGRD.
La Fiscalía General mantiene que los hechos están debidamente sustentados en el escrito de acusación y que existe evidencia suficiente para continuar con el proceso.
Decisión pendiente para el 4 de marzo
La jueza octava especializada de Bogotá tiene programado para el próximo 4 de marzo tomar una decisión de fondo sobre la solicitud de preclusión presentada por la defensa de Ortiz.
Esta determinación podría marcar un punto de inflexión en el caso, ya que de ser aceptada, significaría el cierre del proceso contra la exfuncionaria por falta de sustento probatorio.
Antecedentes recientes del caso
En diciembre pasado, la defensa de Ortiz sufrió un revés cuando la juez 79 de control de garantías de Bogotá le negó la libertad a la exconsejera, al rechazar un presunto vencimiento de términos alegado por sus abogados.
En esa oportunidad, la magistrada determinó que solo habían transcurrido 158 días procesales desde la presentación del escrito de acusación, muy por debajo de los 240 días requeridos para aplicar la causal de libertad por vencimiento de términos.
La juez señaló que el resto del tiempo correspondía a aplazamientos y otras maniobras de la defensa que habían impedido el avance normal del proceso.
Implicaciones del caso
El proceso contra Sandra Ortiz forma parte de las investigaciones más amplias sobre corrupción en la UNGRD, una entidad creada para gestionar situaciones de emergencia y desastres en todo el territorio nacional.
La decisión que tome la jueza el próximo 4 de marzo no solo afectará el futuro legal de la exconsejera, sino que también podría establecer precedentes importantes para otros casos relacionados con el mismo escándalo de corrupción.
Mientras tanto, la Fiscalía continúa insistiendo en que cuenta con evidencia sólida que respalda los cargos contra Ortiz, quien se mantiene en espera de la resolución judicial que definirá el rumbo de su proceso.
